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La represión contra la juventud, los universitarios y las universidades de Nicaragua fue denunciada por Aula Abierta, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante un diálogo interactivo sobre la situación de los derechos fundamentales en esta nación, donde se evidenciaron las cifras de detenidos en protestas y cómo el Estado no ha juzgado ni sancionado a responsables de asesinatos de estudiantes.
David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta, expresó que desde las protestas de 2018 se recibieron denuncias de, al menos, 37 estudiantes calificados como presos políticos. Información ratificada por diversas organizaciones nicaragüenses.
Gómez Gamboa dijo que no se han juzgado ni sancionado a los responsables de los asesinatos de estudiantes en las protestas, agregando que continúan las represalias contra quienes ejercen el derecho a la reunión pacífica, la libertad de expresión y libertad académica.
«No se han juzgado ni sancionado a los responsables de los asesinatos de estudiantes en las protestas. Continúan las represalias por ejercer el derecho a la reunión pacífica, la libertad de expresión y libertad académica en el sistema de educación superior, con al menos 150 estudiantes y varios profesores expulsados arbitrariamente”, expresó el profesor universitario.
Desde el Observatorio Latinoamericano de Libertad Académica y Derechos Universitarios (OLLADU) de Aula Abierta, se documentó que las violaciones a la libertad académica, la autonomía universitaria y el derecho a la educación de calidad en Nicaragua se agravó durante los últimos años.
En el 2022, los patrones de represión y hostigamiento hacia miembros de la comunidad universitaria se han reiterado, especialmente en el marco del ejercicio del derecho a la protesta pacífica, al exigir reparación y justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas a partir de las masivas jornadas de protesta iniciadas en 2018.
Aula Abierta documentó que en el marco de las protestas de 2018 en Nicaragua, al menos 6 estudiantes fueron asesinados, 55 estudiantes fueron detenidos arbitrariamente y, además, al menos 60 profesores universitarios fueron despedidos, también arbitrariamente, entre abril y agosto, como puede constatarse en el “Informe Preliminar: Criminalización de la protesta, irrupciones al recinto universitario y prácticas de discriminación contra los universitarios en Venezuela y Nicaragua 2017-2018”.
Además, los cuerpos de seguridad del Estado amedrentaron en al menos 6 oportunidades contra distintos campus universitarios entre abril y julio de 2018.
En el contexto de preelectoral de noviembre de 2021, se documentó el aumento de la persecución y la represión a estudiantes universitarios que participaban en actos de la sociedad civil. Entre mayo y julio de 2021, estudiantes universitarios en Nicaragua denunciaron en entrevista con Aula Abierta, que tuvieron que reducir las acciones de protestas y manifestaciones pacíficas.
En ese sentido, Aula Abierta registró: la expulsión de al menos 6 estudiantes universitarios por motivos de discriminación política; la detención arbitraria de al menos 2 líderes estudiantiles, como forma de represión de sus opiniones críticas al gobierno del presidente Daniel Ortega; la detención arbitraria de un profesor universitario; al menos 1 caso de citación de una profesora universitaria por parte del Ministerio Público, luego de postularse como precandidata presidencial; al menos 2 casos en los que se realizaron actos de propaganda política dentro de recintos universitarios como práctica de adoctrinamiento político; también se documentó como un patrón recurrente que los universitarios detenidos arbitrariamente no pudieron tener comunicación con sus familiares o abogados luego de su detención.
Esto último quedó documentado en el “Informe preliminar: violaciones a la libertad académica, reunión pacífica y otros derechos de los universitarios nicaragüenses en el contexto preelectoral (mayo – julio 2021)”.
Leyes contra universidades
Preocupa que el Estado nicaragüense remita la aplicación de leyes en contra de universidades: el 2 de febrero de 2022, se conoció que la Asamblea Nacional de Nicaragua canceló la personalidad jurídica de 5 universidades en ese país, junto a 12 organizaciones sin fines de lucro más: Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Católica Agropecuaria del Trópico (Ucatse), Asociación de Estudios Humanitarios (Uneh), Asociación Popular de Nicaragua (Uponic) y la Asociación Universidad Paulo Freire (UPF).
El Parlamento decidió que los bienes y patrimonio de las universidades pasarían a ser propiedad del Estado nicaragüense a partir del momento de su cancelación. Luego, el 3 de febrero de 2022, el Ministerio de Gobernación anunció mediante Gaceta Oficial No.22, la cancelación de la personalidad jurídica de 7 universidades más, para un total de al menos 12 instituciones de educación superior ilegalizadas en 24 horas.
De la nueva lista, destacaba que la mayoría de las universidades son extranjeras: Universidad Internacional de la Florida, Universidad Estatal de Michigan, Corporación Universidad de Mobile, Fundación Universidad Particular en ciencias del Mercado, Asociación Universidad Thoma More (UTM), Asociación Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales UCEM, y la Wake Forest University.
Hay que considerar que la mayor preocupación es que varias de estas casas de estudio superior fueron epicentro de protestas antigubernamentales desde el 2018, o cuyos estudiantes participaron activamente en las mismas.
Aula Abierta documentó que, por ejemplo, la UPOLI fue una de las universidades con más participación en las protestas del 2018, funcionando como lugar de refugio y atrincheramiento para los protestantes, que en su mayoría eran estudiantes universitarios; de hecho, el 22 de abril del 2018, la Policía Nacional de Nicaragua y civiles armados afines del gobierno atacaron la UPOLI, aproximadamente a las 9 de la noche, transgrediendo el principio de inviolabilidad del recinto universitario, trayendo como resultado el fallecimiento de dos personas y varios heridos.
Cesar los ataques contra los universitarios
Gómez Gamboa, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también advirtió sobre la anulación arbitraria de la personalidad jurídica de distintas universidades, con la que “miles de jóvenes se han visto imposibilitados de continuar sus estudios”.
“Los ataques contra la universidad y su comunidad continúan. El pasado 9 de septiembre, el CNU impuso medidas que impactan la libertad académica y la de tránsito de los universitarios. Esto al requerir a las universidades notificar los movimientos migratorios de estudiantes y profesores, facilitando posibles sanciones e impidiendo que se relacionen con pares internacionales, esencial para impulsar el debate e intercambio científico», comentó.
Gómez Gamboa solicitó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se exija al Estado de Nicaragua respetar los derechos humanos de las y los universitarios. “Solicitamos que se exija al Estado: 1) Cesar los ataques contra los universitarios. 2) Investigar y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos. 3) Implementar medidas para la no repetición y reparación», sentenció.
Cabe recordar que los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecen que estudiantes, profesores y demás personas e instituciones de la academia «están sujetas a especial vulnerabilidad en contextos no democráticos».
Los Principio I, referido al ámbito de protección de la libertad académica; Principio II, sobre autonomía de las instituciones académicas; y Principio III, que se enfoca en la protección de la academia frente a interferencias del Estado, son algunos de los más graves que está violando directamente el Estado nicaragüense, según las denuncias de Aula Abierta junto a estudiantes y organizaciones de la sociedad civil.
Nota de prensa de Aula Abierta Las Américas
