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Era el año 2009. El mundo atravesaba una de las peores crisis financieras por la quiebra de Lehman Brothers y las hipotecas Subprime . Alguien con el seudónimo de Satoshi Nakamoto publica el White Paper del Bitcoin, un instrumento digital que podía ser intercambiado y que no era creado por ningún Estado, gobierno o banco central; un instrumento con el que los usuarios velarían por la integridad y seguridad del sistema, mediante una tecnología novedosa: el Blockchain, la cadena de bloques, en el que cada miembro del ecosistema puede verificar las transacciones y añadir nuevos bloques a cambio de una recompensa en Bitcoins.
Nadie podía medir los efectos de este nuevo instrumento y la poderosísima influencia que ejercería sobre los mercados financieros.
En la década que siguió a su creación, su aceptación fue creciendo, fundamentalmente en empresas del sector privado. Así fueron creándose nuevas criptomonedas, siguiendo sus protocolos y modelos, sin ninguna intervención de los gobiernos o de los Estados, que observaron cautelosamente este proceso.
Sin embargo, con la crisis generada por la pandemia de COVID-19, se produjo una masificación estruendosa del uso de criptomonedas alrededor del mundo y algunos Estados empezarían a considerar a las criptomonedas y a la tecnología que las sustenta, como un asunto vital.
Los Estados y el Bitcoin
Desde hace unos pocos años los Estados han empezado a observar la influencia que empiezan a tener las criptomonedas sobre sus economías, especialmente porque éstas inciden en su política monetaria, al atentar en contra el monopolio que ejercen los Bancos Centrales.
En ese contexto, algunos países se han empezado a decantar por la creación de sus criptoactivos propios, como los CBDC, monedas digitales creadas por los Bancos Centrales, formuladas a partir de la misma tecnología adoptada por Bitcoin y las criptomonedas; otros, como El Salvador, adoptaron el Bitcoin como moneda de curso legal, sin mayores restricciones o controles.
Este último es un caso interesante. En 2021, el presidente Nayib Bukele autorizó la adopción de este activo digital como moneda de curso legal y anunció la compra de 100 millones de dólares en bitcoins. Sin embargo, estos procesos fueron denunciados por oenegés, académicos y otras personalidades, al no existir registros públicos u otro tipo de dato oficial sobre las transacciones.
Además, los denunciantes pudieron observar la falta de rendición de cuentas y de mecanismos de control. Esta situación puede afectar los procesos electorales en ese país, específicamente el de 2024, al no existir reglas claras sobre el financiamiento de las campañas y el riesgo que existe de que organizaciones criminales o entidades extranjeras puedan interferir en este proceso , mediante el financiamiento de organizaciones políticas o candidatos a través de Bitcoin u otro tipo de criptoactivo, ya que las transacciones realizadas son anónimas.
Esta situación puede replicarse en países con un marco institucional debilitado y que no cuenten con mecanismos de control que procuren la transparencia de estas actividades y la rendición de cuentas oportuna.
A pesar de esto, las criptomonedas son una alternativa con la que cuentan los Estados para diversificar sus reservas, hacerlas más fuertes y poder estimular la inclusión financiera, sin recurrir a instituciones tradicionales.
¿Cómo la Cadena de Bloques puede ser un instrumento útil para la democracia?
El Blockchain es la tecnología que sustenta al Bitcoin y a las criptomonedas, pero tiene otras aplicaciones como los Smart Contracts o “Contratos Inteligentes”, que evitan los inconvenientes legales propios de los contratos tradicionales, son creados por las partes y el sistema se encarga de ejecutarlo.
Un sistema Blockchain está constituido por bloques que contienen las transacciones que se hayan realizado y datos especiales que permiten que estos se consideren como únicos, encontrándose en el encabezado de cada uno y, mediante estos datos, los bloques se unen.
Un sistema Blockchain permite que los procesos electorales sean descentralizados, y se utilizaría como plataforma de diseño y ejecución de “Contratos Inteligentes”; este sistema también permite garantizar la seguridad, trazabilidad y visibilidad de los resultados, haciendo más versátiles los procesos electorales.
Su funcionamiento pudiera ser mediante la asignación de una unidad de voto y una clave que permita ingresar al sistema y validar el voto, aparte de un código o clave que identifique al elector. Un sistema con estas características permitiría el conteo de los votos en tiempo real y descentralizar el sistema, haciendo que sea validado por los equipos que constituyen la red y no por una institución centralizada que sirva de intermediario. Los electores que no tienen acceso a internet pueden asistir a un centro electoral y emitir su voto.
A pesar de ser altamente seguro, este sistema no está exento del riesgo de sufrir algún tipo de ataque, que si afecta a la mayoría de equipos de la red, tiene potencial de alterar los bloques. Algunas de las ventajas de este sistema son su inmediatez, su eficiencia, su seguridad y su bajo costo.
En el año 2018, durante las Elecciones de Medio Término, en estados como Virginia del Oeste se utilizó una aplicación llamada Voatz que permitía acceso a un número reducido de electores (como militares o votantes que residen en el extranjero).
Otra experiencia exitosa es la de Estonia, que en el año 2019 permitió el voto electrónico mediante una plataforma Blockchain en sus elecciones parlamentarias; por este sistema se emitió el 44% de los votos totales y los resultados fueron validados, verificados y aceptados por todas las organizaciones políticas.
En América Latina, países como México, Chile y Ecuador están analizando la posibilidad de desarrollar un sistema de voto electrónico que emplee tecnología Blockchain.
¿Cómo pueden estas herramientas ayudar a los sistemas democráticos?
La democracia, sus instituciones y sus procesos están bajo una gran presión en la actualidad.
Corrientes populistas, corrupción, ineficiencia institucional y descontento social son algunas de las causas del declive democrático que se está observando en todo el mundo. Por esto, las democracias deben vigorizarse, y lo pueden hacer mediante la adopción de las más modernas y poderosas herramientas tecnológicas de la actualidad, como el Blockchain, altamente efectiva y segura, que hace a los procesos electorales más confiables y evita que sectores descontentos duden de sus resultados, previniendo sucesos como el Asalto al Capitolio de los Estados Unidos del 6 de enero de 2021 o las protestas que se han producido en los países de la región cuando una de las fuerzas políticas participantes duda de los resultados.
El Bitcoin y las criptomonedas pueden también ayudar a los Estados a democratizar los mercados financieros, haciéndolos más cercanos a los ciudadanos y brindando una alternativa distinta a las entidades tradicionales. Algunos países ya han entendido esto y se encuentran planificando y desarrollando sistemas de monedas digitales, como la Unión Europea, las islas Bahamas o Estados Unidos, haciendo más ágiles, seguros y eficientes los sistemas financieros.
También hay que considerar los desafíos que se presentan: seguridad, acceso universal a internet, transparencia, regulación, entre otros. Existen grupos que pueden hacer un mal uso de estas tecnologías para influir en la vida de los países, atentando contra su soberanía y seguridad.
Las acciones que ejecuten los Estados aplicando estas tecnologías deben ser conocidas por la ciudadanía y las instituciones; además, se debe rendir cuenta de los recursos públicos invertidos en el desarrollo de proyectos de modernización de los procesos electorales o adopción de criptomonedas, y debe contar con el mayor consenso y respaldo social y político.
También se debe formular un marco normativo suficientemente claro que permita definir las bases y reglas sobre las cuales se debe hacer uso de estos sistemas, así como mecanismos que eviten el uso abusivo y excesivo de estas herramientas.
En definitiva, la tecnología puede ser una gran aliada de los sistemas democráticos, sobre todo si hay un marco normativo e institucional estable, y si se cuenta con el suficiente apoyo y consenso.
La próxima batalla entre los sistemas democráticos y autoritarios será en el uso de la tecnología, por lo que se debe demostrar que puede ser empleada para agilizar los procesos y hacerlos más eficientes, no para convertir al Estado en un “Gran Hermano”. Esto dependerá de la voluntad de los dirigentes de los países y sus objetivos, sin olvidar que en el ecosistema digital nada es cien por ciento seguro o infalible, por lo que es necesaria la formulación de políticas digitales correctas, a partir de la consulta con expertos, empresas y ciudadanos.
