julio 12, 2024

Memoria de la represión

Para analistas y estudiosos el proceso de neototalitarismo político que se inicia en 1998 está basado en un mecanismo que combina represión selectiva, mareas y contraflujos, castigos, premios, amenazas y recompensas monetarias. También abre y cierra oportunidades para botines individuales y colectivos. Individuos, corporaciones, grupos organizados y establecidos o creados ad hoc se convierten en los puentes y bisagras para la normalización ante el desmantelamiento de las libertades políticas

Aquí una breve memoria de momentos y actividades:

Hitos de la represión en la era chavista

2002: Reforma a la Ley de Seguridad de la Nación (LSN) para convertir buena parte del territorio del área metropolitana de Caracas en zonas de seguridad y limitar el libre tránsito y el derecho a manifestar.

2005: Reforma del Código Penal estableciendo arresto y prisión para delitos de desacato, cacerolazos y repudio público (escrache).

Creación de la Milicia.

2008: Creación de las regiones estratégicas de defensa integral (REDI), que agrupan los estados y la capital de la República en jurisdicciones militares, sometiendo en la práctica a las autoridades electas.

Ley de inteligencia y contrainteligencia, que introduce la figura del vecino delator (“patriota cooperante”), derogada por críticas generalizadas.

2013: Reestructuración territorial en 8 REDI, 24 zonas operativas de defensa integral (ZODI, una por cada estado y el Distrito Capital) y 99 áreas de defensa integral (ADI, que agrupan en promedio 3 municipios). Mientras que en las REDI y ZODI comandan generales de las 4 armas de la FANB, en las ADI destaca la “unión cívico-militar” subordinada a la Milicia (o a paramilitares, incluso “pranes” que gozan de beneficios procesales, como serían los acompañantes de la ministra Iris Varela durante la represión fronteriza a fines de febrero pasado).

De hecho, pensando en las ADI, cabe destacar la arenga de Maduro un 11 de marzo de 2019, a través del sistema de medios públicos: “Atención. Oído y alerta a las unidades populares de defensa integral (UPDI): deben fusionarse junto a los CLAP, UBCH, comunas y los colectivos para conformar las cuadrillas de paz, en barrios y comunidades, en defensa de la Patria”.

Septiembre 2014: Resolución No. 006574 del Ministerio de Defensa que crea la Fuerza Choque, adscrita al Comando Estratégico Operacional de la FANB.

Se trata de una brigada para combatir “planes de desestabilización” que perturben la paz del país. Junto a ella, estarían las brigadas especiales contra grupos generadores de violencia (BEGV).

Noviembre 2014: Reforma a la LSN para formalizar la “unión cívico-militar” en materia de vigilancia, seguridad y defensa (artículo 59: Sistema de protección para la paz).

Enero 2015: Decreto No. 1471 que crea el Sistema Popular de Protección para la Paz (SPPP) con 4 subsistemas: 1) Paz (misiones sociales y Movimiento por la Paz y la Vida), 2) Popular (comunas, consejos comunales, bases de misiones, UBCH, organizaciones y medios comunitarios alternativos e inteligencia popular), 3) Protección (órganos de seguridad pública y privada), y 4) Operacional (órganos involucrados en labores de seguridad y defensa integral del país; es decir, FANB, Milicia y PNB). El sistema de inteligencia popular (SP3), en palabras de Maduro (enero 2017), está formado por patriotas cooperantes “para adelantarse con información a las amenazas, para identificar las bandas criminales paramilitarizadas y las bandas de homicidas y sicarios”. Advierte PROVEA que integrantes del SP3 habrían servido como testigos anónimos en procesos judiciales.

Resolución No. 008610 del Ministerio de Defensa sobre normas de actuación de la FANB en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones. El artículo 5, numeral 5 establece el “uso progresivo y diferenciado de la fuerza” mientras que el artículo 22 crea una “escala de intensidad de violencia” por parte de los manifestantes y su “respuesta proporcional” por los funcionarios. Por tanto, si el primer escalón es de intimidación psicológica, lo que prescribe la presencia ostensiva del funcionario; el séptimo y último corresponde a la violencia mortal, ante la cual se faculta al funcionario a usar armas de fuego u otras letales. En otras palabras, esa resolución (ratificada por la Sala Político-administrativa del TSJ el 27-07-2016) autoriza a la fuerza pública a portar armas de fuego ante cualquier protesta.

Julio 2015: Implementación de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP). Con las mismas siglas en español que la Organización para la Liberación Palestina, fue desplegado por primera vez un dispositivo más propio de escuadrones de la muerte que de cuerpos policiales. De hecho, los funcionarios, fuertemente armados, con pasamontañas, casco e incluso máscaras de calavera recuerdan al temido Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), el cual hizo la guerra contra el narcotráfico en las favelas de Río de Janeiro previo al Mundial de Fútbol 2014 y las Olimpiadas 2016. En el marco de la OLP, habrían participado varios órganos de seguridad tales como el SEBIN, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la GNB y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Mayo 2016: Decreto No. 2223 con segunda prórroga (de muchas) y ampliación del estado de excepción y emergencia económica.

Advierte PROVEA que, en sus considerandos, se identifica al parlamento con mayoría opositora como amenaza a la estabilidad del gobierno nacional. El artículo 2, numeral 9 faculta a los CLAP, consejos comunales y organizaciones de base en funciones de vigilancia y organización junto a la FANB, PNB, policías estadales y municipales para “mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía en el país”.

Enero 2018: Estreno de las FAES con la “Operación Gedeón” (ejecución extrajudicial de Óscar Pérez y el grupo “Energía”). En el sitio y ataque, también habrían participado funcionarios de la GNB y colectivos.

Comparación respecto a aparatos represivos de otros países

El modelo soviético:

Desde los tiempos de Stalin no sólo se persigue a la oposición, sino a la disidencia. En los países del Pacto de Varsovia, primero el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos (NKVD, siglas rusas) y luego el Comité de Seguridad Estatal (KGB) de la URSS crean policías secretas dirigidas desde Moscú con respaldo del partido comunista nacional. La estrategia de destrucción de la oposición comprende espionaje, desplazamiento forzado de minorías étnicas, toma de medios de comunicación y la dirección de asociaciones y movimientos juveniles.

El referente jurídico de criminalización de la oposición y disidencia es el artículo 58 del Código Penal de Rusia de 1927, varias veces reformado. En particular, contempla las definiciones de acción contrarrevolucionaria y de enemigos del proletariado, así como la invocación de la solidaridad internacional para intervenir en favor de otro Estado obrero.

En sus 14 numerales, establece distintas categorías de delito y penas, incluyendo confiscación de bienes, exilio, prisión o pena de muerte. Entre los delitos, cabe mencionar términos tales como traición, levantamiento armado (elude el vocablo rebelión), ayuda a la “burguesía internacional”, incitación a cualquier entidad a la intervención o pronunciamiento contra la URSS, sabotaje o destrucción de servicios públicos, oposición al funcionamiento normal del sistema monetario, terrorismo, propaganda y agitación antisoviética y contrarrevolucionaria, o sabotaje contrarrevolucionario (omisión de deberes en perjuicio del gobierno y el funcionamiento del aparato estatal).

La persecución judicial, prisión, tortura e inhabilitación de dirigentes políticos y activistas; las ejecuciones extrajudiciales; el cierre de RCTV y el Circuito Nacional Belfort; la compra de Globovisión; el desplazamiento forzado y genocidio contra los pemones desde antes de la explotación del Arco Minero; los videomontajes y grabaciones ilegales; entre otros elementos, recuerdan cómo las lecciones de la KGB han sido aprendidas por el chavismo.

El modelo maoísta de la Revolución Cultural (1966-1976):

Mao Zedong clausuró universidades y escuelas secundarias para reclutar a los estudiantes en la Guardia Roja concebida para atacar a “los 4 Antiguos” de la sociedad china, es decir, las costumbres, la cultura, los hábitos e ideas (asociados al Imperio o a gobiernos con instituciones occidentales u orientación capitalista). Pese a carecer de organización oficial y armamento, la Guardia Roja provocaba desórdenes civiles para actuar a sus anchas. Entre sus excesos, cabe citar destrucción del patrimonio histórico, humillación pública, hostigamiento permanente, tortura, reclusión en “campos de reeducación”, confiscación de bienes e incluso ejecución de intelectuales.

En cierto sentido, la actuación de los colectivos recuerda la Guardia Roja, sobre todo con acciones tales como el derribo de las estatuas de Colón, los ataques al Palacio Legislativo o el sitio a edificaciones de la Iglesia Católica y el ataque al cortejo fúnebre del Cardenal Velasco.

Por otra parte, si bien el chavismo no ha cerrado las universidades autónomas, sí las ha asfixiado en términos de presupuesto e imposición de matrícula. Además ha tratado de reescribir la historia e imponer una neolengua en términos de Orwell, desde los libros de texto de educación primaria hasta la sustitución de la denominación de la República, las Fuerzas Armadas, el cerro Ávila, el Salto Ángel y el estado Vargas; el escudo y la bandera nacionales; la iconografía de Bolívar; el escudo e himno de Caracas y la estatua del león que daba bienvenida a la ciudad capital. Las pirámides rosadas, la estatua de Apacuana o el nuevo mausoleo de Bolívar son parte de esta cursi exaltación de lo pseudoindigenista y lo militarista.

El modelo cubano: El SP3 sería la versión más actualizada de los comités de defensa de la Revolución (CDR), “los ojos y oídos, cuadra por cuadra”, activados por el castrismo desde hace 60 años. Asimismo, la desprofesionalización y hostigamiento dentro del estamento militar han avanzado mucho en 20 años.

Pese a que no puede hablarse directamente de represión, el sistema de CLAP y el carnet de la Patria sirven como mecanismo de chantaje y control sociopolítico, a semejanza de la tarjeta de racionamiento del régimen cubano.

El modelo fujimorista:

Poca gente recuerda que parte de la oficialidad protagonista de la segunda asonada contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992 estuvo refugiada en Perú justo cuando Alberto Fujimori impuso un proceso constituyente tras su autogolpe. Entonces los golpistas venezolanos aprendieron el diseño de “descentralización desconcentrada” que inspiró las REDI de Chávez: los consejos transitorios de administración regional (CTAR). La excusa de la guerra contra “Sendero Luminoso” permitió postergar elecciones de autoridades subnacionales y en su lugar había jurisdicciones militares y teatros de operaciones.

También Chávez optó por abandonar el sistema interamericano de derechos humanos.

El modelo Duvalier:

Los Voluntarios de la Seguridad Nacional (Tontons Macoutes) fueron una especie de milicia no asalariada que sostuvo a la dinastía Duvalier en Haití entre 1958 y 1986. Algunos estaban vinculados con la religión vudú y se financiaban mediante el crimen y la extorsión. En este particular, varios colectivos tendrían mucho en común con la brujería y las actividades ilícitas.

A manera de pausa

Han pasado más o menos seis años sin que varíen sustancialmente los métodos, aunque sí han cambiado los actores responsables visibles, los objetivos políticos a detectar, nulificar o atenazar y por su puesto los grupos protagonistas que se aprovechen del estado de cosas.

Una estrategia totalitaria pragmática sabe que toda táctica es tan flexible como el horizonte de problemas con los que se encuentra lun gobernabilidad enfocada en el dominio y la supervisión.

Foto del avatar

Joaquín Ortega

Joaquín Ortega es el Editor en Jefe de Hilos de América.

Ver todas las entradas de Joaquín Ortega →