A la cabeza de una rebelión pacífica

Nicaragua es un país ubicado en América Central, cuya historia no es muy diferente al resto de los países de América Latina: guerras civiles, conflictos armados, regímenes autoritarios y revoluciones, han determinado la vida política, económica y social de este país, al igual que la lucha por las libertades y la democracia.

Hay quienes describen la historia de Nicaragua como un ciclo de violencia que se repite aproximadamente cada 40 años, ya sea por la búsqueda de obtención del poder o por la búsqueda del derrocamiento del mismo. La sublevación contra Anastasio Somoza García (1954), la Revolución Popular Sandinista (1978-1990), la Contrarrevolución (1979-1989) y la Rebelión de abril de 2018 contra el régimen de Daniel Ortega, son algunos hitos de la historia moderna nicaragüense.

Lo que trajo la rebelión de abril

Las protestas en abril de 2018, representaron un antes y un después en la forma en la que los oprimidos reaccionaban ante la violencia ejercida por el opresor. En los primeros días, los jóvenes organizaron protestas para denunciar la negligencia del gobierno de Ortega ante el incendio de la Reserva Indio Maíz y la decisión de reducir en un 5% las pensiones que recibían los jubilados, además de incrementar los aportes de la Seguridad Social; en respuesta, Ortega hizo uso de su influencia sobre la Policía Nacional y grupos paramilitares, para reprimir al pueblo. Pero algo cambió.

La primera diferencia con relación a los conflictos anteriormente citados, fue la implementación de técnicas de lucha no violenta, tales como cacerolazos, plantones y actividades culturales, así como el uso de las redes sociales como principal herramienta de comunicación para difundir las convocatorias.

La segunda gran diferencia fue que el levantamiento social de 2018 fue iniciado y liderado por la juventud, sin influencia de ningún grupo político o económico. Asimismo, las demandas que gritaban los jóvenes en las calles no respondían estrictamente a intereses de las juventudes, sino que demandaban el respeto a los derechos y libertades de los nicaragüenses sin distinciones de ninguna índole. En 2018 los jóvenes en Nicaragua recuperaron el espacio que les habían arrebatado y que de cierta forma habían abandonado, como actores políticos beligerantes.

Del distanciamiento al activismo

A partir de los años 90, la juventud había iniciado un proceso de “distanciamiento de la vida política” como una forma de demostrar su rechazo a lo que consideraban una traición por parte de los grupos políticos que, en décadas anteriores, les habían prometido un cambio positivo estructural del sistema político del país, pero que, en cambio, se convirtieron en cúpulas que solamente buscaban su propio beneficio.

De igual manera, los partidos políticos se encargaron de cerrar los espacios de participación a los jóvenes con el objetivo de excluirlos de los procesos de toma de decisiones, tanto a nivel de las estructuras partidarias como a nivel nacional. Para los partidos, los jóvenes eran vistos solamente como herramientas movilizadoras de legitimación social. De ahí que en años recientes las organizaciones sociales constituyeron un espacio importante de participación para los jóvenes sin tener que verse involucrados directamente en la política. 

Las expresiones espontáneas de movilización durante el mes de abril de 2018 sentaron las bases para la conformación de las primeras organizaciones juveniles y estudiantiles, muchas de las cuales jugaron un rol importante en la primera mesa de diálogo nacional entre Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, conformada por personalidades nacionales destacadas en el ámbito social, político y económico con apoyo de la Conferencia Episcopal. Dichas organizaciones juveniles contaban con un amplio apoyo popular por el rol que habían jugado en la movilización.

La decisión de los jóvenes de organizarse responde a un asunto de identidad colectiva; de toma de consciencia sobre su derecho a defender sus posturas y posicionar sus demandas. Pero sobre todo responde a un aspecto histórico, donde un grupo que había sido ignorado durante décadas, decide ponerse a la cabeza de una rebelión pacífica que busca democratizar un país.

Retos sociales, políticos y culturales

A finales de 2018, las organizaciones juveniles y estudiantiles experimentaron un debilitamiento debido a tres principales factores:

– El Movimiento juvenil y estudiantil perdió cierto protagonismo ante el nuevo contexto de conclusión de oleada de protestas, pues la convicción de que el Movimiento juvenil era poderoso, se basaba en gran parte en su capacidad para movilizar a otros sectores. Sin embargo, el nivel de legitimidad social de estos movimientos se mantuvo.

– El trabajo organizativo tanto interno como externo que venían desarrollando las expresiones estudiantiles y juveniles, se vio afectado por el encarcelamiento de líderes estudiantiles, la expulsión de estudiantes de las universidades y el exilio forzado de otros por causa de la represión estatal.

– El intento de cooptación del Movimiento juvenil y estudiantil por parte de actores políticos, económicos y sociales, y el desplazamiento de los jóvenes dentro de los espacios de oposición, también fue un factor que afectó negativamente el desarrollo de estos movimientos.

Esta fase de reflujo que experimentó el Movimiento juvenil y estudiantil durante meses, sirvió para que los jóvenes reflexionaran sobre las demandas, objetivos y estrategias que hasta el momento habían implementado. Así inició un proceso de reorganización a lo interno de sus organizaciones, pero también como sector juvenil y estudiantil en las plataformas de oposición en las que participaban.

Con la creación de la Coalición Nacional (CN) a inicios de 2020, conformada por organizaciones de oposición (Alianza Cívica Por la Justicia y la Democracia; la Unidad Nacional Azul y Blanco; y Movimiento Campesino), partidos Políticos (PLC, PRD, Yátama) y la Fuerza Democrática Nicaragüense, el sector estudiantil y juvenil experimentó nuevamente un proceso de reacomodo, donde algunas organizaciones juveniles decidieron participar en la Alianza cívica por la Justicia y la Democracia, mientras que otras agrupaciones decidieron permanecer en la Unidad Nacional Azul y Blanco.

En marzo de este año, el sector juvenil y estudiantil de la Unidad Nacional Azul y Blanco solicitó ingresar de manera independiente a la Coalición Nacional, con el propósito de poder tomar decisiones y no ser solamente fiscalizadores de procesos. Pese a que la respuesta fue positiva, los partidos políticos dentro de la Coalición, han frenado las propuestas de los jóvenes en reiteradas ocasiones.

Paralelo al trabajo que realizan en estos espacios, los jóvenes se encuentran trabajando en una agenda común que contemple no solamente las demandas y necesidades del sector joven, sino que, además, aborde propuestas de soluciones a problemáticas de relevancia nacional como la recuperación económica, el cuido del medio ambiente, reformas al Instituto de Seguridad Social, reforma a la ley de la Autonomía Universitaria y reformas al sistema político nicaragüense en general.

La juventud nicaragüense se enfrenta a grandes retos sociales, políticos y culturales. Por un lado, deben asumir el reto de ser actores claves para la salida de la crisis actual en Nicaragua; por otra parte, deben evitar repetir patrones de la política tradicional nicaragüense poco ética y moral, si verdaderamente quieren generar un cambio.

Los partidos políticos y las cúpulas económicas continúan siendo los principales grupos que buscan cooptar al Movimiento juvenil-estudiantil para evitar una crítica directa por parte miembros dentro de la Coalición Nacional y usarlos para ganar mayor legitimidad social. De ahí que mantener la autonomía del movimiento juvenil es fundamental.