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En Nicaragua se vive una dictadura.
Esto no es una novedad, pero entre las violaciones a los derechos humanos más recientes perpetuados por el Estado de Nicaragua, encontramos la violación al derecho a la educación, reconocido por distintos convenios y tratados en materia internacional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, suscritos y ratificados por el Estado nicaragüense.
En Nicaragua, además, es un derecho constitucional, por lo que la criminalización y el control político que se ejercen sobre las universidades públicas constituyen un acto ilegal y arbitrario.
Recientemente la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de la Universidad Paulo Freire (UPF), Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), Universidad Agropecuaria del Trópico Seco (UCATSE), Universidad Popular Nicaragüense (UPONIC), Universidad Hispanoamericana (UHISPAM), Asociación de Estudios Universitarios (UNEC), Universidad Thomas More (UTM), Asociación Universidad Centroamericana de ciencias Empresariales (UCEM), Universidad Internacional de la Florida, Corporación Universidad de Mobile, Fundación Universidad particular en ciencias del mercado, Wake Forest University y otros centros y asociaciones educativas ligadas a la iglesia católica, dejando en la incertidumbre a miles de estudiantes, cuerpo docente y administrativo, ante la posibilidad de perder sus estudios y empleo.
Asimismo, se redujo drásticamente el presupuesto de la Universidad Centroamericana, argumentando que sería destinado para otras gestiones, violando la disposición establecida en la constitución política que señala que el 6% del Presupuesto General de la República será destinado meramente para la educación superior. La reducción a la Universidad Centroamericana corresponde a 250 millones de córdobas en comparación a 2018, previo a las protestas sociales, con lo que esta casa de estudios debe reducir hasta el 90% de las becas de nuevo ingreso por falta de fondos.
La respuesta oficial del Consejo Nacional de Universidades (CNU) fue que ellos se harían cargo de la continuidad de estudios de las universidades cuya personería jurídica fue cancelada, entendiendo así que las mismas han sido confiscadas por el Estado, quien se hará cargo de los recursos, libros contables y recintos universitarios, aún cuando estos corresponden a propiedad privada.
Por otro lado, crece la preocupación de la comunidad universitaria y la sociedad nicaragüense en general, ante el inminente cierre de universidades que habían acogido a estudiantes expulsados desde 2018 por ejercer su derecho a la protesta y ante la censura que predominará en los centros de estudios, ahora controlados por el CNU, donde al igual que en las Universidades Estatales, prohibirán el Derecho a la libre expresión, a la libertad académica, libertad de cátedra y autonomía universitaria, impidiendo así el desarrollo del pensamiento crítico en el país.
El Estado de Nicaragua es suscriptor de distintos tratados internacionales, en materia de Derechos Humanos, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, por lo que, según la Constitución Política, estos tienen rango constitucional y deben ser aplicados a lo interno del país.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Derechos Humanos, donde reconocen la función habilitante de la libertad académica para consolidar la democracia, el pluralismo de ideas, el progreso científico, el desarrollo humano y de la sociedad, y para la garantía plena del derecho a la educación, por lo que los obstáculos frente a ésta aplazan el avance del conocimiento, socavan el debate público y reducen los espacios democráticos.
En la misma línea, los principios señalan que cualquier interferencia estatal en los currículos y programas académicos debe cumplir requisitos de legalidad y finalidad legítima en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como idoneidad, necesidad y proporcionalidad bajo los preceptos de una sociedad democrática. La aplicación de procesos administrativos o disciplinarios sobre instituciones o personas en el ejercicio de la libertad académica, al igual que la imposición de sanciones ulteriores de carácter laboral o civil, deben darse bajo la aplicación de reglas mínimas de transparencia, debido proceso, garantías judiciales y no discriminación.
Nicaragua, por su parte, al cercenar el Derecho a la educación a través de sus constantes ataques a la comunidad universitaria, ha violentado todos los preceptos antes expuestos, recordando también que desde 2018 violentó todas las libertades al reprimir violentamente a jóvenes y estudiantes que participaban en protestas sociales, llegando a la desaparición forzada, el encarcelamiento, la tortura y el asesinato, incluso dentro de los mismos recintos universitarios.
Es por lo anterior que la comunidad internacional debe mantener la vista en Nicaragua, presionar para que el Estado cumpla sus obligaciones nacionales e internacionales y restituya las garantías y libertades que ha venido revocando. La comunidad académica, por su parte, debe continuar presionando desde cada uno de sus espacios para que se cumplan sus derechos, porque la calidad educativa, la autonomía universitaria y la libertad académica les pertenecen.
La educación es un derecho humano.
