Redes sociales: ¿Una herramienta o corresponsables de la violencia política?

El impacto de las redes sociales dentro de la comunicación política y la democracia dio un giro desde el pasado 6 de enero de 2021, cuando el presidente Donald Trump fue suspendido de todas las plataformas de Facebook (incluida Instagram) y Twitter por un tiempo indefinido.

Al ser la primera vez que las plataformas sociales deciden limitar que el presidente de los Estados Unidos se comunique por la herramienta cabe plantear la pregunta: ¿Mantienen las redes sociales la premisa de que los responsables de los mensajes son los usuarios, o por el contrario estas empresas asumen que son corresponsables de la violencia que pueden surgir de las declaraciones en redes teniendo una afectación directa en la democracia?

Con el objetivo de responder a esta pregunta y evaluar el impacto de los mensajes transmitidos por Trump, debemos entrar en el contexto político de los Estados Unidos. Para ello, citamos a Rafael Herranz Castillo, quien en “Notas sobre el concepto de violencia política” expresa: “La violencia política es un medio, y nunca un fin en sí mismo. Es ejercida en un contexto concreto, para acelerar la obtención de fines determinados. Considera que un elemento definitorio de la violencia es el de estar dirigida a conseguir un cambio en las políticas o sistemas de gobierno”.

En contexto

El 3 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones en Estados Unidos. Por el partido Republicano estaba Donald Trump, y por el partido Demócrata el ex vicepresidente, Joe Biden. Ambos ejecutaron sus respectivas campañas políticas con el objetivo de conseguir los 538 escaños: cada estado tiene una cantidad de votos del colegio electoral en función de su población y el ganador es el candidato que gana 270 o más.

En medio de una pandemia y con una ventaja electoral de Biden, según las encuestas sobre la carrera a la Casa Blanca, comenzó el proceso de votación, teniéndose en cuenta que algunos centros de votación tenían permitido abrir antes.

Durante las elecciones, las declaraciones y el conteo de los votos por estados. se emitieron diferentes declaraciones de rechazo por parte de Trump con respecto a los resultados, iniciando las alegaciones de fraude.

La ausencia de reconocimiento de Trump se mostró con insistencia a través de las redes sociales e incluso en canales de televisión. La misma semana del 3 de noviembre, tras los comicios, en una entrevista a Fox News expresó: “Me preocupa que el país tenga un presidente ilegítimo, eso es lo que me preocupa. Un presidente que perdió y perdió por mucho”.

Declaraciones como estas se hicieron frecuentes con el pasar de la semanas, sin ningún filtro o censura. Sin embargo, tomando en cuenta la cantidad de usuarios que seguían al presidente en sus redes sociales, en medio de un proceso electoral que no había terminado, las plataformas como Twitter, Facebook e Instagram comenzaron a generar avisos de alerta con mensajes que reflejaban que la información que se estaba diciendo no estaba comprobada y que el candidato proyectado a la presidencia de los Estados Unidos era el ex vicepresidente Joe Biden.

Cabe destacar que mientras las plataformas emitían estas alertas, la postura del presidente iba más allá de las redes sociales, dando inicio a una batalla legal apuntando a demandas dentro de los estados Pensilvania, Arizona, Michigan, Nevada y Georgia.

En el caso de Pensilvania, el argumento fue que no se les permitió observar el recuento de los votos en Filadelfia, acción que no pudieron demostrar luego de que fuera emitida una orden judicial al equipo de campañas del presidente para tener acceso al escrutinio. Adicionalmente, Filadelfia retransmitió en directo por internet y de forma ininterrumpida el recuento.

En Arizona, se alegó que se descartaran los votos con bolígrafo. Para ello, se presentaron dos testimonios sin pruebas, donde las personas expresaron que la tinta con la que marcaron su voto se había corrido, lo que podría descalificar sus papeletas si el escáner interpretaba que había votado por más candidatos de lo permitido. La demanda fue rechazada.

En Michigan se trató de detener el escrutinio del voto por correo con el argumento de que se había excluido del proceso a los observadores. No obstante, el equipo no especificó cuándo, dónde o quién había excluido a esos observadores y no se proporcionó ningún detalle sobre el motivo de la supuesta exclusión. La demanda fue desestimada.

En Nevada presentaron el caso de Jill Stokke, una mujer de 79 años con ceguera reconocida por ley que alegaba que alguien le había quitado su papeleta y había votado por ella. Según el periódico Nevada Independent, las autoridades electorales dijeron haberse reunido con Stokke, revisado su papeleta y determinado que la firma era en efecto la de ella. El periódico también informó que le ofrecieron la oportunidad de emitir un nuevo voto firmando una declaración jurada, pero Stokke lo rechazó. La demanda fue desestimada.

Por último, Georgia: se intentaron anular 53 papeletas de voto por correo alegando que estas habían llegado después del día de las elecciones, pero la demanda no ofreció pruebas. El caso se desestimó.

Ciertamente el equipo de campaña de Trump necesitaba que estos casos fuesen aceptados en las diferentes cortes para así poder sostener las declaraciones que el presidente estaba ofreciendo en los medios. Al pasar los días y sin poder demostrarse nada en términos legales, los medios de televisión comenzaron a tomar posición.

Trump y la violencia política

Los mensajes del presidente comenzaron a tener un mayor impacto en la reacción de los ciudadanos, quien contaba con 88 millones de seguidores en su cuenta personal de Twitter (@realdonaldtrump), siendo ésta su ancla principal de convocatoria desde antes de su periodo presidencial.

La red había emitido para el presidente ciertas concesiones en un estatus de protección que era otorgado para “líderes mundiales”, por considerar que sus publicaciones tienen un valor de interés público. Entre estos beneficios se encontraba que ni sus publicaciones o su cuenta podían ser eliminadas, a pesar de violar las normas de convivencia, aunque esto no significaba que lo líderes pudiesen publicar lo que quisieran sin afrontar consecuencias.

A principios de noviembre de 2020, Twitter modificó su política de uso. ¿Qué generó el cambio de posición de Twitter con respecto a estos privilegios concedidos al presidente? La incitación a la violencia.

En el marco de la sesión del congreso de los Estados Unidos para validar la victoria de Joe Biden, luego de la emisión de los resultados de Georgia, los demócratas lograron obtener los dos senadores que le faltaban para tomar el control del senado.

A pesar de que las urnas electorales, las cortes y sus aliados lo dieron como perdedor, Trump a través del hashtag #StopTheSteal comenzó a promover la manifestación hacia el Capitolio desde el 19 de diciembre, a pesar de las advertencias puesta por la plataforma a sus mensajes en pro de prevenir eventos violentos.

El portal BBC Mundo reseñó que Stop The Steal  era el nombre de “uno de los grupos más numerosos que se creó en línea horas después de la elección de noviembre pasado, según una investigación del diario The New York Times (…)Stop The Steal  llegó a acumular 320 mil miembros hasta que Facebook lo eliminó, por lo que muchos seguidores se mudaron a plataformas como Parler y Gab, donde se organizó la protesta de este 6 de enero”.

Donald Trump en sus declaraciones emitidas el 6 de enero de 2021, día que se confirmaba la victoria del candidato Joe Biden, expresó: “Increíble por lo que tenemos que pasar, y tener que hacer que tu gente luche. Si ellos no luchan, tenemos que eliminar a los que no luchan (…) Caminaremos hasta el Capitolio y vitorearemos a nuestros valientes senadores y congresistas”.

Ante este mensaje y la promoción de la manifestación de una forma agresiva en el discurso, sus seguidores asaltaron el Capitolio de los Estados Unidos, un suceso que dejó un registro de cinco fallecidos y al menos una decena de heridos.

El profesor Garrett Epps expone que: “La incitación no es un delito, según la Primera Enmienda, a menos que cumpla con ciertos criterios: debe tener la intención de causar violencia (y se infiere esa intención de las circunstancias) y tiene que ser probable que cause violencia”.

Bajo la perspectiva de Castillo y el profesor Garrett Epps, me permito entonces entender que al emitir un discurso donde no habrá un tiempo para reflexión y que se busca generar un cambio en las acciones que estaban sucediendo en el Capitolio, la violencia política se hizo presente.

Desglosando lo expresado por Castillo cuando habla de “la violencia como medio y no fin en sí mismo”, puede ser  “ejercida en un contexto concreto, para acelerar la obtención de los fines determinados” (entiéndase en este contexto como fin, el cambio de sus resultados electorales), la emisión del discurso exactamente el mismo día que se anunciaba de forma oficial como ganador de las elecciones al vicepresidente Joe Biden, lo entendería como la búsqueda del mantenimiento en el poder cambiando las políticas electorales.

¿Las redes sociales funcionaron entonces como herramientas o corresponsables de la violencia?

Durante el asalto al Capitolio el presidente Donald Trump tomó una posición de rechazo al evento y aceptación de su pérdida de las elecciones presidenciales a través de las redes sociales.

Sin embargo, no duro mucho: Twitter decidió quitarle permanentemente la cuenta a Trump, tras concluir que violaban su política sobre la glorificación de la violencia tras decir: “Los 75.000.000 de grandes patriotas estadounidenses que votaron por mí, ESTADOS UNIDOS PRIMERO y HACER A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ, tendrán una VOZ GIGANTE en el futuro”; y “¡No se les faltará el respeto ni serán tratados injustamente de ningún modo, manera o forma!”.

Ante esta situación la red social emitió el siguiente comunicado: “Tras una revisión minuciosa de los tuits recientes de la cuenta @realDonaldTrump y el contexto que los rodea, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia”.

Así fue la primera vez que un presidente de Estados Unidos fue suspendido de las plataformas digitales por sus declaraciones. Ciertamente ya se ha censurado a otros presidentes eliminando su contenido, pero no es algo que sea común en la plataforma y menos para quien es considerada una de las personas más poderosas del mundo.

Al no tener un precedente, se plantea la discusión con respecto a la libertad de expresión y quién tiene control sobre la misma.

El acto en sí mismo de censura me incomoda, aunque se entiende la gravedad de las declaraciones en lo que concierne a violencia política.

El control de la libertad de expresión visto únicamente desde la posibilidad que tienen las plataformas para permitir quien hace uso o no de sus redes, representa ante la magnitud de su alcance y el control de la opinión pública, un problema, porque cambia la responsabilidad que tienen las redes sociales ante la democracia.

Aunque son empresas privadas que al pasar los años han cambiado sus políticas de uso, sigue estando a su discrecionalidad las acciones que dentro de la misma se ejecutan, quedando entonces en el tema de la censura a un aspecto a cuestionar: ¿Por qué se aplica con unos y otros no? Citando a Coronado (2015: 47) sobre la libertad de expresión menciona que:

“Al tratarse de un espacio tan importante para el acceso de información, el intercambio de ideas y la reflexión, la libertad de expresión por este medio requiere cada vez más de una regulación apropiada para las necesidades de sus usuarios. Ante el desarrollo actual y el crecimiento a largo plazo en el uso de estos medios masivos de comunicación es preciso contar con ciertos principios generales sobre los límites de dicha libertad para con ello garantizar su adecuada protección”.

La crítica de Ángela Merkel a la acción de Twitter contra Trump -hecha a través de su portavoz, Steffen Seibert- destacó que la libertad de expresión solo puede restringirse “de acuerdo con la ley y dentro de un marco definido por los legisladores”, y no “por decisión de los administradores de las plataformas de redes sociales”.

Aunque estas redes ante su crecimiento tienen la responsabilidad de garantizar el menor daño posible ante la incitación a la violencia, al suspender una cuenta toman una posición dentro del escenario político y dejan de ser herramientas. Su discurso estaba enmarcado en “los responsables de los mensajes, son los usuarios”; y aunque es así, su participación dentro de la política fue determinante el 6 de enero.

Es indiscutible el tono violento que se llevaba a través de las redes Donald Trump, pero: ¿ahora serán las redes sociales las que controlen el ejercicio de la libertad de expresión dentro de la sociedad o por el contrario será solo el Estado?

Consideremos que estas plataformas tienen un gran poder dentro de las sociedades a través de la concepción del ejercicio de libertad que ofrecen, pero ciertamente si ellas se vuelven el brazo ejecutor del control, dicha libertad seria solo una ilusión.

Ahora bien, que sea el estado quien lo lleve tampoco es una buena idea para la democracia, ya que la libertad de expresión, según Marino (et al., 2017: 30)  “es una consecuencia de sus tres funciones dentro de los sistemas democráticos: 1) permitir la expresión y proyección del ser humano; 2) hacer posible el funcionamiento de la democracia; y 3) ser un medio o instrumento para el ejercicio de los otros derechos humanos”.

Visto desde esta perspectiva, la libertad de expresión entendida como una responsabilidad y un derecho humano, no puede ser regulada por quienes tienen que hacer la rendición de cuentas y garantizar que se esté cumpliendo el derecho, pues se correría el riesgo de que la corrupción se haga presente dentro del proceso de regulación.

El uso erróneo de la libertad de expresión para la promoción de la violencia en pro de alcanzar cambios radicales o aspectos políticos, lleva a la necesidad de una limitación tanto para las plataformas como para sus usuarios.

Esta no es la primera vez en que las redes sociales juegan un papel determinante en la política. Por solo mencionar un caso, podemos tomar el de Francia con los Chalecos Amarillos, donde sus principales líderes se posicionaron en la política a través de Facebook; luego de eso, se hizo un cambio en las políticas del control a la violencia.

Ahora lo vemos en Estados Unidos, donde aunque el discurso de incitación a la violencia fue promovido por el presidente Donald Trump, la reacción de estas plataformas fue diferente a la Francia, donde vale resalta que ambas presentaron manifestaciones violentas.

Donald Trump deja su mandato afrontando un segundo juicio político por sus acciones pero, sobre todo, por las declaraciones en los últimos días, abriéndose la posibilidad de que se le impida presentarse a un nuevo cargo público.

Las redes sociales tienen ahora una gran responsabilidad en definir sus políticas de censura e incitación a la violencia, considerando posibles regulaciones que puedan ser impuestas desde el Estado.

¿Mantienen las redes sociales la premisa de que los responsables de los mensajes son los usuarios? Si. ¿Son corresponsables de la violencia que pueden surgir de las declaraciones en redes? No. Pero es indudable que tienen una afectación directa en la democracia y una necesidad de límite ante el poder que representan y han demostrado de forma clara este 6 de enero de 2020.