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El 31 de marzo de 2020, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América emitió un Marco para la Transición Democrática en Venezuela (MTD) que establecía una serie de pasos para la restauración de la democracia en este país, mediante la conformación de un Consejo de Estado para fungir como gobierno de transición hasta la celebración de elecciones libres y en concordancia con las condiciones establecidas en este documento.
Según lo establecía el MTD, las sanciones impuestas por los Estados Unidos a Venezuela y a miembros de organismos como la entonces ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, serían levantadas paulatinamente conforme se produjera el cumplimiento de las condiciones establecidas. Entre las condiciones a cumplir previstas se encontraba el retorno pleno de todos los miembros de la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora; el levantamiento de la orden de desacato sobre la AN por parte del Tribunal Supremo de Justicia, así como la restauración de todos sus poderes e inmunidad de sus diputados; y la liberación de todos los presos políticos en Venezuela.
En la misma fecha de publicación del MTD, el Representante Especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, publicó un artículo en el Wall Street Journal titulado “A New Path to Venezuelan Democracy” (Un Nuevo Camino hacia la Democracia en Venezuela), en el cual expuso sus consideraciones sobre el Marco para la Transición Democrática de Venezuela. Entre ellas se destaca que ni Nicolás Maduro ni Juan Guaidó eran candidatos viables para la conformación del Consejo de Estado. El primero por los cargos de los cuales se le acusa en los Estados Unidos; el segundo por su vinculación a la Asamblea Nacional.
En el mismo artículo, Abrams señaló que los Estados Unidos reconocerían los resultados de unas elecciones libres y justas, con condiciones verificadas internacionalmente; no resultados fraudulentos producidos en ausencia de separación de poderes y carentes de transparencia alguna.
¿Venezuela a la cubana?
Desde la emisión del Marco para la Transición Democrática a finales de marzo, el panorama político de Venezuela cambió de tal forma que el cumplimiento de las condiciones pautadas ha perdido toda viabilidad, con el bando oficialista de vuelta al Hemiciclo de la Asamblea Nacional –en ausencia de legitimidad luego de unas elecciones sin garantías ni reconocimiento internacional llevadas a cabo en diciembre de 2020–, mientras Guaidó sigue perdiendo popularidad al tiempo que el reconocimiento internacional al Parlamento elegido en 2015 está cada vez en mayor riesgo.
Y ante el nuevo panorama político de los Estados Unidos de América tras la victoria de Joe Biden, se espera un cambio de estrategia en cuanto a la política exterior, lo que no necesariamente significa un relajamiento en cuanto a la política de sanciones de los Estados Unidos a Venezuela: cabe recordar que las sanciones comenzaron durante el gobierno de Barack Obama, cuando Joe Biden fue vicepresidente. Debido a ello, resultaría incongruente que, tras haber formado parte de la administración que inició esta estrategia, Biden llegase al poder a levantar inmediatamente todas las sanciones impuestas y generar un retroceso en la presión aplicada a las autoridades de facto de Venezuela.
Algunos conocedores de la materia afirman que la política exterior de los Estados Unidos con respecto a Venezuela en los próximos cuatro años guardará semejanza con la que han mantenido las Naciones Unidas o la Unión Europea y se acudirá a mecanismos diplomáticos más flexibles, como lo señaló Luis David Benavides, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, en entrevista con Voz de América.
Esta consideración concuerda con la del internacionalista Félix Arellano, quien afirmó, en el evento “Prospectiva Venezuela 2021”, que el gobierno de los Estados Unidos buscará ajustar su estrategia y aumentar la coordinación con otros actores de la comunidad internacional en cuanto a Venezuela.
Tomando en cuenta la política seguida por los Estados Unidos con respecto a Cuba durante el gobierno de Obama, es posible asumir que Biden intentará una aproximación mucho más diplomática para lograr una transición a la democracia en Venezuela mediante negociaciones y la mediación de los Estados Unidos, cambiando la postura establecida por Trump de las “opciones sobre la mesa”, que aparentaba respeto a la igualdad soberana de Venezuela, pero sin perder la fuerza de la amenaza que representaba para el régimen de Maduro.
El propio Elliott Abrams manifestó en conversaciones con La FM que considera improbable que se produzcan cambios drásticos en cuanto a las sanciones individuales ya impuestas, así como en cuanto al reconocimiento de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, a la cual se refirió como “la última institución democrática legítima en Venezuela”.
Abrams manifestó que a su consideración, no hay disposición del gobierno venezolano de facto a la negociación, más allá de una búsqueda del reconocimiento de los Estados Unidos, para mantener su posesión ilegítima del poder del Estado.
De ser así, se presenta un nuevo desafío para la administración de Biden: reanudar la diplomacia entre los Estados Unidos y el régimen de Maduro, sin dejar de reconocer el interinato de Juan Guaidó, considerando el masivo apoyo político que le brindó Estados Unidos luego de que se juramentará como presidente encargado, apoyado en una interpretación de la Constitución venezolana, así como el gran antagonismo en el cual Nicolás Maduro ha pretendido incurrir respecto a los Estados Unidos desde sus inicios en el poder en Venezuela.
