por 
Las protestas en Perú no cesan.
El pedido de renuncia a la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones para el 2023, son los principales reclamos que exige el sector de la población que se mantiene en las calles.
El Congreso tuvo la oportunidad este viernes 27 de enero de intentar apaciguar la convulsión social, con una propuesta sobre la mesa de adelanto de elecciones generales para octubre de este año. Sin embargo, no obtuvo los votos necesarios para su aprobación.
Con 45 votos a favor, 65 en contra y 2 abstenciones, los parlamentarios le dieron la espalda a una posible solución al conflicto. Las bancadas de derecha se dividieron y la izquierda rechazó en bloque la propuesta, por no incluir una Constituyente.
Esta votación, al ser para la aprobación de un texto sustitutorio de la propuesta inicial presentada por el poder Ejecutivo, que buscaba adelantar los comicios generales para abril de 2024, deja sin efecto el adelanto de elecciones.
Esto significa que se reinicia todo el proceso para este lunes 30 de enero, cuando el Congreso volverá a sesionar y se presentará una reconsideración.
En resumen, Boluarte y el Congreso se quedan hasta el 2026, a pesar que, según encuestas, la desaprobación ronda el 71% y 85%, respectivamente.
Son 87 los votos necesarios para la aprobación de adelanto de elecciones generales, pero esto parece ser una utopía ante los intereses políticos que mantienen en vilo a la población, una crisis que hasta el momento deja pérdidas económicas que ya sobrepasan los 2.150 millones de soles (555 millones de dólares), según balance del Ministerio de Economía y Finanzas.
Las violentas protestas y el uso excesivo de la fuerza policial, de acuerdo al balance realizado por la Defensoría del Pueblo hasta el viernes 27 de enero, dejaron un saldo lamentable de 57 personas fallecidas y 1078 heridos.
Cabe recordar que el recrudecimiento de la crisis política en Perú, inició cuando el pasado 7 de diciembre, el ahora expresidente Pedro Castillo intentó dar un Golpe de Estado al anunciar la disolución del Congreso, cambios en la Fiscalía y Poder Judicial, así como proponer una Asamblea Constituyente.
Esto condujo a su destitución y fue detenido en flagrancia al momento en que huía hacia la embajada de México para asilarse.
Por sucesión constitucional, asumió Dina Boluarte como presidenta, pues era la vicepresidenta. Ahora Boluarte lleva las riendas del país andino entrampado en un vórtice voraz de conflictividad que hasta la fecha no parece tener solución.
