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Cuando a principios de agosto María Corina Machado, una polémica líder de la oposición venezolana, envió un mensaje a los colombianos en su Twitter, donde aseguraba que el país estaba en peligro luego de que se conociera el arresto domiciliario de Álvaro Uribe Vélez, no dudó en responderle: “No señora. No es parte de ninguna operación y no tiene nada que ver con Vzla. Se vale estar en desacuerdo con la orden de detención preventiva y se vale desearle a AUV que todo se resuelva a su favor. Lo que NO SE VALE es tratar de polarizar a los colombianos con falsedades”.
Laura Gamboa, profesora de Ciencias Política de la Universidad de Utah, quien lleva años estudiando y documentando los complejos procesos políticos de Colombia y Venezuela, afirma que si los sectores radicales de la oposición venezolana “fueran realmente democráticos”, podrían ver que una democracia “no es un sistema en el que a los aliados se les perdona y a los enemigos se les castiga”.
Para ella, Uribe tiene el mismo espíritu de autoritarismo que el fallecido dictador Hugo Chávez y que lo único que parece diferenciarlos “en el imaginario colectivo”, es que Chávez sí pudo erosionar la democracia de su país.
En entrevista para Hilos de América habla sobre Uribe y su arresto domiciliario; el Proceso de Paz; las Farc; y, por supuesto, los vínculos entre el expresidente colombiano y Venezuela.
Luego de que se conociera la noticia del arresto domiciliario de Álvaro Uribe Vélez, explotó una ola de felicidad entre cientos de ciudadanos que afirmaban que al fin se había terminado la suerte, por así decirlo, del expresidente; pero también hubo solidaridad de una parte de la población colombiana que hablaba de injusticia e incluso conspiración. Más allá de lo que vayan a decretar los magistrados, ¿cuál es su lectura de esta situación? ¿Cómo Uribe Vélez se convirtió en una especie de caudillo que genera tanta polarización en Colombia?
En general, mi sensación es que hay muchas imprecisiones con respecto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. El proceso contra Álvaro Uribe Vélez no es por sus supuestos vínculos con grupos paramilitares ni por sus abusos de poder cuando era presidente, como dicen algunos de los que apoyan la decisión. Hay procesos abiertos por estas razones, no sólo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sino también ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pero no tienen nada que ver con el proceso en el que se dio la orden de detención domiciliaria y —hasta donde yo sé— están estancados.
El proceso en curso en la CSJ tampoco es el resultado de una conspiración internacional liderada por Nicolás Maduro (como señalan algunos de los detractores de la decisión de la Corte). El proceso en curso es por soborno y fraude procesal. Básicamente, la corte está investigando a Álvaro Uribe Vélez por sobornar e interferir con una demanda que él mismo presentó ante la CSJ en contra el senador Iván Cepeda en 2014. En 2014, Cepeda hizo un debate sobre paramilitarismo en Antioquia. En él, presentó testimonios de ex-parmilitares que dijeron que Álvaro y Santiago Uribe fundaron uno de los bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia.
En respuesta, Uribe presentó una demanda ante la CSJ contra Cepeda acusándolo de manipular testigos en su contra. Cuatro años después, en 2018, la CSJ cerró el proceso contra Cepeda porque no encontró evidencia para sustentar las acusaciones de Uribe. Lo que sí encontró fueron indicios de que Uribe había tratado de manipular testigos para ganar su demanda contra Cepeda, y le abrió una investigación por eso. Hay evidencia relativamente contundente (audios y grabaciones) de que Diego Cadena (el abogado de Uribe) y Álvaro Hernán Prada (Representante del Centro Democrático) contactactaron a los ex-paras que habían dado testimonio contra Uribe en 2014 para que se retractaran. La pregunta es si Uribe había ordenado o sabía de que se estaban haciendo esos contactos. Eso es lo que está investigando la CSJ antes de decidir si acusan a Uribe o no.
Aclarados estos puntos, mi opinión es la siguiente. Es competencia de la CSJ investigar, acusar y juzgar a congresistas y nadie (eso incluye a Uribe) está por encima de la ley. La CSJ puede ordenar detención preventiva de personas investigadas si considera, entre otras cosas, que pueden influir el proceso estando en libertad. Teniendo en cuenta que a Uribe lo están acusando de haber intervenido en investigaciones judiciales, yo no creo que sea totalmente descabellado temer que pueda intervenir en esta investigación también. Habiendo dicho eso, hay quienes cuestionan la detención preventiva (más no la investigación) diciendo —con cierto grado de razón— que las consideraciones para declarar la detención preventiva no pueden derivarse de los cargos que se están investigando. La CSJ sacó un documento larguísimo justificando la detención preventiva. Yo no lo he leído, así que no puedo dar ninguna opinión fuerte con respecto a ese debate. Lo que sí puedo decir es que la investigación no es una persecución política, sino un proceso judicial con respaldo empírico.
Contestando la segunda pregunta de cómo se convirtió Álvaro Uribe Vélez en una especie de caudillo polarizador, la respuesta es larga. Uribe es un líder populista. Para él, el mundo se divide en “gente de bien” (sus seguidores) y “terroristas o castro-chavistas” (sus detractores). Cuando Uribe llegó al poder en 2002, el clivaje central en Colombia era la guerra: cómo lidiar con las FARC. Uribe se posicionó como el candidato de mano dura y lanzó una política radical para “acabar con la guerrilla.” La política logró diezmar al grupo armado, pero lo hizo a un alto costo en derechos humanos. Uribe (y sus seguidores) son ciegos a esos costos. Para ellos Uribe es “el presidente del pueblo” y no hace nada mal. Si él lo dice, todo se vale con tal de “acabar con las FARC”. Es con esa lógica que cambiaron la constitución para reelegir a Uribe en 2006 y trataron de volverla a cambiar para que se pudiera lanzar en 2010. Es con esa lógica que la administración de Uribe utilizó al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para chuzar ilegalmente las comunicaciones de jueces, periodistas, y miembros de la oposición. La misma razón por la cual Uribe acusó en público a ONGs y periodistas críticos de ser “terroristas” o “idiotas útiles de las FARC”. Es con esa lógica que su coalición en el gobierno trató repetidamente de disminuir el control del congreso, las cortes, y los agentes de control sobre el presidente.
Un poco adentrándome en pregunta 6, la lógica alrededor de Uribe no es muy diferente a la lógica que implementó Chávez cuando llegó al poder. Para él, el mundo se dividía entre “el buen pueblo” (sus seguidores) y “los malos oligarcas” (sus detractores). Cuando llegó al poder el clivaje en Venezuela era la economía ¿cómo sacar a Venezuela de la crisis económica en la que había entrado en los 80s? Chávez se posicionó como el candidato “defensor de los pobres” y lanzó una política radical para acabar con la desigualdad y la pobreza. La política logró —inicialmente— algunos de esos objetivos pero lo hizo a un alto costo económico, político y social. Rentas petroleras que se podrían haber invertido a largo plazo se gastaron en proyectos corto placistas que buscaban alimentar al electorado Chavista. Pero Chávez es ciego a esos costos. Para los chavistas todo se vale, Chávez es el “presidente del pueblo” y mientras él esté en el poder y haciendo lo que quiere “el pueblo” va a estar bien. Es con esa lógica que en Venezuela se cambió la constitución y se fortaleció al Ejecutivo en detrimento de otros poderes hasta un punto tal que la democracia desapareció y Venezuela se convirtió en un país autoritario.
La única diferencia entre Uribe y Chávez —además de su posicionamiento en el espectro ideológico— es que Uribe no logró llegar a ese punto. Gracias en parte a las estrategias de la oposición, en Colombia Uribe no logró erosionar las instituciones democráticas y quedarse en el poder. Gracias, en parte, a los errores de la oposición Venezolana, Chávez sí logró erosionar las instituciones democráticas y quedarse en el poder. Yo no creo que Uribe o Chávez sean demócratas. Yo no creo que ningún presidente que considere que está por encima de la ley es un demócrata. No creo que un presidente que abuse del poder para atacar a aquellos que se le oponen sea un demócrata. No importa qué tan de acuerdo esté (o no) con sus políticas de gobierno.
Usted conoce el contexto colombiano: ¿cree que los magistrados puedan tomar una decisión sin presiones internas o externas?
Yo creo que va a haber presiones. No sería la primera vez que las hay. Pero las altas cortes en Colombia tienen legitimidad y son bastante independientes. Yo creo que van a fallar en derecho. Desafortunadamente, la ley a veces no es tan clara. Ahora que Álvaro Uribe Vélez renunció a su curul, no es claro si el proceso debe seguir en la CSJ o moverse a una corte ordinaria.
Si en Colombia se busca estabilidad política y paz duradera, ¿no es injusto ser tan permisivos con los crímenes que se cometieron desde la guerrilla (a través del llamado Proceso de Paz) y tan implacables con los excesos del expresidente?
No sé a que se refieren con “tan permisivos”. Los acuerdos de paz (dejó de ser un proceso en 2016) establecen procesos de justicia transicional. La justicia transcicional es un tipo de justicia especial que se aplica a contextos de transición democrática y post-conflicto. Parte de varias premisas importantes. La primera, no hay dictador que acepte bajarse del poder a cambio de que lo manden a la cárcel de por vida, ni grupo armado que acepte abandonar las armas a cambio de que los manden a la cárcel de por vida. Para acabar el conflicto o hacer una transición democrática hay que disminuir los costos de abandonar las armas o dejar el poder. Si no, no hay acuerdo posible. La segunda, las dictaduras y los conflictos armados dejan muchas víctimas. A menos de que se reconozca que hay un crimen, se repare a las personas que sufrieron por ese crimen, y se asigne algún castigo a los responsables, es imposible construir una paz o una democracia duradera. Tercero, los conflictos (y en cierta medida las dictaduras también) normalmente tienen víctimas y victimarios de lado y lado. En Colombia, para no ir más lejos, están: las FARC, los grupos paramilitares, miembros de las Fuerzas Armadas y élites que han financiado grupos que cometen actos atroces.
A cambio de dejar las armas las FARC se sometieron a un proceso de justicia transicional. Este proceso le da más importancia a la verdad y la reparación que al castigo. En otras palabras, los negociadores del gobierno y de las FARC llegaron a un acuerdo por medio del cual se le iba a dar prioridad al derecho de las víctimas de saber qué pasó con sus seres queridos y recibir algo en compensación, sobre el derecho de que se castigue con el máximo de la ley a los victimarios. Los miembros de las FARC (así como miembros de las FFAA y otros grupos que han cometidos actos de lesa humanidad) se pueden someter a la justicia transicional. Ello implica aceptar la culpa, revelar qué pasó con la(s) víctimas y repararlas por su pérdida. A cambio de eso reciben penas más bajas. La Jurisdicción Especial de Paz (JEP), encargada de decidir sobre los casos de justicia transicional, a las duras y las maduras —en parte por falta de recursos y las trabas que le ha puesto el gobierno de Duque— ha tratado de avanzar en esa misión. Yo no creo que todas las decisiones que haya tomado o vaya a tomar sean perfectas, pero tampoco creo que sean por definición malas.
Los detractores del acuerdo de paz dicen que las penas impuestas no son suficientes. Esos comentarios, sin embargo, ignoran varias realidades complejas. Primero, no son suficientes ¿para quien? Los detractores de los acuerdos de paz quieren ver a los miembros de las FARC en la cárcel por décadas, pero no están dispuestos a respaldar penas similares para miembros de las FFAA que han desaparecido, torturado, y asesinado civiles inocentes. Segundo, no es cierto que más castigo es siempre mejor. Muchas víctimas prefieren conocer la verdad sobre lo que le pasó a sus seres queridos y recibir alguna reparación, que ver a los victimarios en la cárcel. Tercero, negociar una desmovilización sin poner sobre la mesa un proceso de justicia transicional es imposible. Las FARC no iban a dejar las armas a cambio de nada. Lo mismo es cierto para los paramilitares (en 2006) con quienes Uribe negoció penas más cortas y una agenda legislativa.
Un caso que muchos utilizan para defender a Uribe Vélez es el de Rodrigo Londoño Echeverri, alias «Timochenko», acusado de cometer crímenes de lesa humanidad, quien llegó al congreso, mientras hoy Uribe Vélez tiene arresto domiciliario. ¿El proceso de paz, la justicia y el complejo conflicto colombiano no parece estar jugando más a favor de unos que de otros?
Creo que la información que tienen está equivocada. Rodrigo Londoño se lanzó a la presidencia en 2018, no al congreso. Actualmente está siendo procesado por sus crímenes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Hasta donde tengo entendido, no se ha determinado cuál es la pena que debe cumplir.
El caso que las personas ponen para comparar es el de Santrich. Santrich, como Londoño, se sometió inicialmente a la justicia transicional. Nótese que una de las condiciones esenciales para ser elegible a las penas alternativas es no haber delinquido después de 2016. Santrich violó esa norma, y en consecuencia fue expulsado del proceso de Justicia Transicional.
La historia es la siguiente. En 2018, Estados Unidos pidió a Santrich en extradición por crímenes de narcotráfico cometidos después de 2016. Para extraditarlo, sin embargo, la fiscalía tenía que probar que los crímenes se habían cometido después de 2016. Probando eso podía pasar a Santrich a la justicia ordinaria y procesar la extradición como lo haría con cualquier otro ciudadano colombiano. Después de ires y venires con las pruebas, la JEP consideró que no había evidencia suficiente para probar que los crímenes se habían cometido después de 2016 y le ordenó liberar a Santrich. La fiscalía acató la orden, pero lo volvió a capturar. En ese momento la CSJ ordena que lo suelten (no porque no hubiera cometido los crímenes) sino porque, habiendo sido elegido congresista la fiscalía no era competente para investigarlo o para ordenar su orden de captura. La fiscalía tuvo que soltarlo. Eventualmente la CSJ emitió una orden de captura contra Santrich. En ese momento, sin embargo, el ex-guerrillero había logrado eludir a las autoridades y sigue fugitivo hasta hoy.
Como ven, el caso que se usa para “defender a Uribe» no tiene nada que ver con la llegada de Santrich al congreso. Tiene que ver con otra decisión que tomó la CSJ. Podemos entrar a debatir si la decisión fue buena o mal (igual que se puede debatir si la detención preventiva de Uribe es una buena o una mala decisión). Pero en ambos casos la Corte falló en derecho.
¿Cómo cree que afecte el caso de Uribe Vélez a Iván Duque, teniendo en cuenta de que éste es prácticamente su padre político?
En Colombia ya no hay reelección, así que electoralmente no hay consecuencias para Duque. Duque ya se posicionó en defensa de Uribe, lo cual lo pone en buenos términos con el Centro Democrático. Yo no creo que pase mucho más. Lo que sí creo es que, el caso de Uribe seguramente va a desviar la atención de Duque de temas supremamente importantes como el COVID-19 y la economía y eso no es bueno. También creo que Uribe y el Centro Democrático van a usar la decisión para polarizar y movilizar con mira a las elecciones de 2022. Esa estrategia les funcionó en 2016 y 2018. Es posible que les funcione en 2022.
Ha estudiado y estudia tanto el caso colombiano como el venezolano. ¿Qué opina acerca de la reacción de solidaridad inmediata de un sector de la oposición venezolana que defienden a Uribe Vélez, quizás impulsados por el hecho de que es uno de los líderes internacionales que más los apoyó en la lucha contra Hugo Chávez, y ahora contra Maduro?
Opino que la reacción de ese sector de la oposición es innecesaria, polarizante, engañosa y autoritaria. Se vale desearle a Álvaro Uribe Vélez que todo se resuelva a su favor y se vale estar en desacuerdo con la decisión de la CSJ. Decir eso en Twitter es razonable y positivo. Decir que esto es una cruzada impulsada desde Venezuela con la ayuda de Cuba (o cosas similares) es un despropósito. Contribuye a un discurso que debilita las instituciones democráticas en Colombia y empuja a los colombianos a asumir posiciones radicales. La decisión de la CSJ no tiene nada, absolutamente nada, que ver con Maduro o la política en Venezuela. No es parte de una conspiración internacional para instalar el “castro-chavismo” en Colombia. Decir esas cosas en Twitter es supremamente irresponsable.
Si los sectores radicales de la oposición en Venezuela fueran realmente democráticos (y no exclusivamente anti-Chavistas o anti-Maduristas) podrían ver que una democracia no es un sistema en el que a los aliados se les perdona y a los enemigos se les castiga. Es increíble que después de veinte años de estar del lado negativo de esa ecuación no entiendan esa lógica tan básica. Democracia es un sistema en el que —no obstante imperfecciones—la ley se le aplica a todos por igual. En donde Álvaro Uribe Vélez puede ser investigado por la CSJ, pero también se le respeta su derecho a la presunción de inocencia y la legítima defensa.
Escribió en su Twitter que Uribe Vélez y Chávez tenían muchas cosas en común. ¿No es una comparación exagerada si se tiene en cuenta que Uribe Vélez es un político, que incluso podría ser considerado como un demócrata, frente a Chávez que, ante todo, fue un militar golpista y autoritario?
No, no creo que sea exagerada. Las personas que consideran a Uribe un demócrata son sus seguidores. Su posición no es muy diferente a la que tienen algunos chavistas —inclusive aquellos que ya no apoyan a Maduro—que consideran que Hugo Chávez es un demócrata. Para los primeros, Uribe es un demócrata porque lanzó —con cierto grado de éxito— una lucha frontal contra las FARC. Para los segundos, Chávez es un demócrata porque introdujo reformas que —por lo menos en el corto plazo— redujeron la pobreza y la inequidad en Venezuela. Ninguno de estos argumentos tiene que ver con democracia. Tienen que ver con políticas públicas y sus resultados.
Como explico extensamente en mi investigación, durante su gobierno, Álvaro Uribe Vélez trató de erosionar la democracia en Colombia. Trató de debilitar las instituciones democráticas para gobernar sin límites y trató de quedarse en el poder. No sólo trató de disminuir el tamaño del congreso y volverlo unicameral (como Chávez), sino que su coalición trató en repetidas ocasiones de limitar los poderes de las altas cortes o cooptar sus miembros. La administración de Uribe también utilizó la policía del estado (DAS) para chuzar e investigar a los miembros de las altas cortes, miembros de la oposición y periodistas críticos del gobierno y pasarle información a grupos paramilitares sobre sus enemigos. Siendo presidente, Uribe tildó de “terrorista” o “idiota útil de las FARC” a todo aquel que no estuviera de acuerdo con él. Una vez afuera del poder, Uribe no ha cambiado su tono. Adentro y afuera de Twitter ha deslegitimado las instituciones democráticas y fomentado y esparcido noticias falsas. La única razón por la cual Chávez y Uribe parecieran no ser comparables en el imaginario colectivo es porque Chávez logró erosionar la democracia Venezolana, y Uribe no. Eso tiene menos que ver con las tendencias autoritarias de estos líderes, y más con los sistemas y los grupos a los que se enfrentaron.
