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La universidad pública venezolana ha sido prácticamente destruida por el poder que la combate abiertamente por ser un espacio amplio para la reflexión, el pensamiento crítico y, obviamente, por lo que ella representa en cuanto a libertad académica, así como de opinión.
La búsqueda del pensamiento único, esbozada por el difunto Hugo Chávez, ha sido una constante en el deplorable hecho de liquidar materialmente las universidades; indudablemente ha sido una proyección de la ideología que han denominado del socialismo del siglo XXI, con el que se ha querido imponer el poder también en las universidades. Han sido más de veinte años de ataques desmesurados, continuos, sistemáticos, que han socavado las bases de la institucionalidad. Ha sido una guerra abismal, campal, sin exageración alguna: cuasi militar.
Las universidades actualmente se ven limitadas presupuestariamente en todo. No se considera el funcionamiento, la actividad de investigación, las publicaciones, las bibliotecas y sus actualizaciones, la infraestructura, los laboratorios, la seguridad, los servicios. Se imposibilita la actividad regular porque se aprueban recursos inferiores al diez por ciento de lo indispensable que consideran los consejos directivos con el fin de anualmente disponer de la administración real del presupuesto que se gira altamente condicionado desde el ministerio o la oficina correspondiente.
En ese sentido, administrativo, lo peor después de la asfixia presupuestaria ha sido el desplazamiento de las nóminas de las universidades a una plataforma manejada directamente por el régimen tiránico: la Plataforma Patria. Con la cual manipulan el pago de sueldos y salarios fuera de las universidades. Todo un atentado a la Autonomía Universitaria. No el único, por supuesto. Ese pago foráneo a la universidad ha derivado en innumerables problemas por su centralización. Pagos a destiempo, exclusiones y la pretención de eliminar definitivamente la sindicación y la asociación al descontar al personal y retener sin pagar a sindicatos y asociaciones durante meses las afiliaciones mensuales de los miembros. El control de la nómina es un modo de sujeción inocultable.
En ese mismo sentido, el tratamiento de los sueldos, los salarios y la protección social no dejan de constituir un desastre de muy amplias proporciones. Para el mundo resulta incomprensible que un profesor universitario del más alto rango, titular, con doctorado, perciba un sueldo de once dólares mensuales y unos bonos ínfimos que hacen querer ver como complementos de sueldos. En eso que se ha denominado la bonificación del salario. El régimen acabó con las prestaciones sociales, con los seguros, con las posibilidades de compra de vivienda, de automóviles y otras adquisiciones a través de las cajas de ahorro que quedaron para el recuerdo, de infuncionales. De ese modo, en realidad no existe un sueldo, ni protección social alguna. No hay modo de contener la huida en estampida de los profesores, del personal de apoyo administrativo u obrero. Menos aún contratar personal nuevo. Parte sustancial de la diáspora de venezolanos está vinculada a las universidades. Así, los derechos humanos, constitucionales, en cuanto a salario suficiente y digno, no se cumple en la Venezuela roja.
De la misma manera ocurre con los derechos políticos, también vinculados a la Autonomía Universitaria que ahora no deja de ser una entelequia propia de palabras resaltadas en la constitución, en su articulado. Hace más de diez años que no se han podido realizar las elecciones de autoridades rectorales ni de representación estudiantil, de egresados, de profesores a los consejos universitarios en las universidades, lo que vulnera la institucionalidad, limita los proyectos que permitan avanzar a las casas de estudio y la participación a que tienen derecho los aspirantes a esos cargos.
Esto lo ejecuta el Tribunal Supremo de Justicia, saltándose la constitución acerca de la literal expresión de que las universidades se darán su propia forma de gobierno. De ese modo ha intentado internarse el régimen de Nicolás Maduro en las universidades bajo la conciencia de que nunca ganarían por votación ninguno de esos cargos.
El paso del tiempo ha generado, como era previsible, distintas renuncias que han sido sustituidas de manera arbitraria por afectos políticos al mismo régimen, llegando al colmo en la Universidad Simón Bolívar de designar por el Consejo Nacional de Universidades, bajo el control «oficial», a tres autoridades de las propias filas ideológico-políticas de quienes detentan el poder en Venezuela.
La toma de las universidades por el poder ha tenido diversas formas, además de las pseudolegales designaciones. En ese sentido encontramos el caso de la Universidad Central de Venezuela a la que, como a todas, se le niega el presupuesto mientras se le interviene físicamente en unas remodelaciones que no van por el camino del presupuesto universitario sino por el dominio del poder con empresas y empresarios de sus afectos. A lo que hay que sumar la más que preocupante e ilegal designación de “protectores”, en la UCV y en la Universidad de Oriente, una figura creada por el Estado presuntamente para resolver los problemas en las universidades, que han sido ocasionados principalmente por la falta de presupuesto.
Como se puede comprender cabalmente, la investigación, los investigadores, la producción editorial o cualquier tipo de divulgación, de tanta importancia en la universidad se limita de forma indecible. Lo mismo ocurre con toda actividad académica, incluyendo las clases, para las que no existen condiciones materiales ni físicas algunas. Laboratorios desecados, imposibilidades de clases virtuales porque los sueldos ni las condiciones técnicas permiten contar con los servicios y los dispositivos técnicos adecuados para efectuar una formación de calidad. Esto imposibilita el cumplimiento del derecho a la educación establecido en la constitución.
Por otra parte, los instrumentos legales que se establecen se contradicen abiertamente, como es el caso emblemático de la Ley de Universidades y la Ley Orgánica de Educación de más reciente aprobación y contentiva de limitantes políticas. Igualmente grave resulta la aprobación efectuada el pasado año de la Convención Colectiva Única de los universitarios. Todo un atropello a los gremios y sindicatos que no fueron convocados para su aprobación, además de que se ha incumplido en todas sus cláusulas y contiene elementos ideológicos hasta la desmesura de la búsqueda de una intervención militar en las universidades.
Todo este panorama, que seguramente se queda corto, plantea un desafío inmenso para preservar la vida a académica en las universidades públicas venezolanas, sin obviar el control y las amenazas que ejerce el poder sobre la educación universitaria privada.
No queda más que afirmar que bajo este régimen de oprobio, tiránico, terrorista, será imposible salvar la universidad del despeñadero en que está arrojada. La libertad es condición importante para el ejercicio académico libre. Y con eso no contamos en la Venezuela actual. Muchos trabajamos en el diseño de una educación posible, una vez conquistada la necesaria liberación del país. Será arduo el trabajo posterior también, además de la cansona lucha contra el poder actual que destruyó la universidad en Venezuela.
