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Hasta septiembre de 2021, cuando se cumplen siete años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, no se cuenta con una versión clara y verificable ni de los hechos ocurridos, ni del paradero de los estudiantes desaparecidos, lo que se traduce en un incumplimiento de la obligación del Estado mexicano de investigar con la debida diligencia el caso.
Por el contrario, todo el proceso de investigación ha estado plagado de irregularidades. En la actualidad, en el marco de la investigación realizada para determinar la responsabilidad penal de los autores de tales crímenes, se practicaron, al menos, 142 detenciones (principalmente de policías municipales de las ciudades de Iguala y Cocula y presuntos miembros del grupo criminal “Guerreros Unidos”), de las cuales 77 detenidos han sido liberados, por haberse presentado irregularidades en sus procesos.
En 2018, el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) planteó que las órdenes de aprehensión ejecutadas habrían sido rechazadas por las autoridades judiciales por falta de pruebas, situación que se deriva del incumplimiento del Estado de investigar con la debida diligencia los hechos ocurridos.
Por su parte, la ACNUDH, en su informe de marzo de 2018 titulado “Doble injusticia: Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Aayotzinapa”, concluyó que existen “fuertes elementos de convicción” de que al menos 34 personas procesadas por el caso Ayotzinapa fueron sometidas a tortura, así como a otras violaciones de derechos humanos, entre septiembre de 2014 y enero de 2016, lo cual conllevan al incumplimiento del Estado mexicano de sancionar a los responsables de la desaparición forzosa de los estudiantes.
Una práctica que se ejerce contra universitarios en toda Latinoamérica
La desaparición forzada de universitarios, como ocurrió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, forma parte de los patrones o prácticas violatorias de la libertad académica reiteradas en Latinoamérica, ejercidos contra los universitarios.
Las prácticas represivas contra estudiantes que exigen pacíficamente el cumplimiento de sus demandas económicas, políticas y sociales, además de vulnerar los derechos a la reunión pacífica y la libertad personal y de expresión, de conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, violentan el derecho a la libertad académica, la cual es indispensable para el disfrute del derecho a la educación.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), en la Observación General N° 13 al PIDESC, afirma: “sólo se puede disfrutar del derecho a la educación si va acompañado de la libertad académica del cuerpo docente y de los alumnos”.
“La libertad académica comprende la libertad del individuo para expresar libremente sus opiniones sobre la institución o el sistema en el que trabaja, para desempeñar sus funciones sin discriminación ni miedo a la represión del Estado o cualquier otra institución”, agrega.
En ese sentido, preocupa que, desde el año 2006 hasta septiembre de 2020, el Gobierno de México reportó un total de 77.171 personas como desaparecidas y no localizadas en el país; es decir, aproximadamente 14 personas desaparecidas por día, lo que denota claramente el incumplimiento de su obligación de prevenir la desaparición forzada, a través de la organización de su aparato gubernamental para asegurar el pleno ejercicio de los derechos vulnerados por la desaparición forzada.
De Ayotzinapa a Escuelas Normales Rurales
Desde el Observatorio Latinoamericano de Libertad Académica y Derechos Universitarios de Aula Abierta, se han documentado diversas situaciones de violaciones a los derechos a la libertad personal, a la integridad física y personal, a la vida y a la educación de estudiantes mexicanos durante 2021, específicamente los de las Escuelas Normales Rurales (ENR) de México, durante los meses de mayo a junio, que fue documentado en el “Informe Preliminar: violaciones al derecho a la educación de calidad, a la libertad académica y a la reunión pacífica de los estudiantes de las escuelas normales rurales en México”.
Las ENR son instituciones, creadas en México desde 1922 y vigentes hasta la fecha, cuyo objetivo es formar maestros para que desempeñen sus funciones pedagógicas en el medio rural. Se trata de instituciones de educación superior, con grado académico de licenciatura, que fueron separadas de la educación secundaria, en la reforma educativa de la educación normal de 1969, y desarrollan actividades de docencia, investigación educativa y difusión cultural, exigiendo a los aspirantes haber culminado sus estudios de bachillerato.
Desde Aula Abierta exigimos el cese de la violencia por parte de las autoridades del Estado en contra de los estudiantes de las ENR del país, así como la investigación del uso excesivo de la fuerza y las denuncias de prácticas represivas y desapariciones forzadas ocurridas en el marco de las protestas normalistas en México, por ser éstas prácticas desproporcionadas y violatorias de los derechos de los estudiantes, quienes están legitimados para exigir mejores condiciones de accesibilidad a la educación, de conformidad con lo establecido en los estándares internacionales en materia de derechos humanos aplicables a la materia educativa.
Fuente: Aula Abierta Latinoamérica
