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Recientemente la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, de mayoría conservadora, ha tomado dos decisiones que han conmovido a activistas y ciudadanos en los Estados Unidos y todo el mundo.
Luego de 50 años, la Corte Suprema de Justicia anuló los fallos Roe vs Wade (1973) y Planned Parenthood vs Casey (1992), los cuales protegían el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, conocido como aborto, a nivel federal en los Estados Unidos.
Dicha sentencia reduce la decisión de mantener o no el derecho al aborto solo a nivel estatal, y ya son diez Estados de mayoría republicana que han suprimido el derecho o mantienen una severa restricción sobre el aborto.
Pero la discusión, estrechamente relacionada a la crisis política interna de los Estados Unidos, comenzó hace más de un año, luego de la muerte de la entonces jueza de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Bader Ginsburg, quien falleció el 18 de septiembre de 2020, dando paso a la nominación de Amy Caney Barret por el entonces presidente Donald Trump, para suplir a Gingburg en la magistratura.
Nominación que causó preocupación entre los grupos de defensa liberal y distintos grupos políticos que promueven el derecho al aborto en los Estados Unidos.
Filtración de borrador y declaraciones del juez Samuel Alito
El 3 de mayo de 2022 fue filtrado un borrador de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, donde se encuentra redactada una sentencia que elimina de una vez por todas al aborto como ley federal.
El borrador fue acompañado por opiniones y comentarios en los cuales el juez Samuel alito menciona que el fallo Roe vs Wade representa, según su interpretación, “un abuso de autoridad judicial”.
Pero finalmente las sospechas se hicieron ciertas. El 24 de junio de 2022, un mes y medio después de la filtración, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que anula completamente el status constitucional y por lo tanto federal del derecho al aborto en los Estados Unidos.
Y a partir de allí se desataron una serie de manifestaciones de rechazo y aprobación en Estados Unidos y todo el mundo. Sobre todo en países de América Latina, donde activistas también se solidarizaron con las manifestaciones de rechazo a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.
Las protestas no se hicieron esperar y desde entonces las calles en Washington, Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos, han sido protagonistas de grandes movilizaciones en contra de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
Uno de los primeros voceros en reaccionar a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, fue el mismísimo presidente Joe Biden, quien señaló que la vida y salud de mujeres y niñas se encontraba en peligro tras el fallo de la corte.
Las discusiones claramente forman parte del debate en el cual se envuelven las próximas elecciones de medio tiempo y la elección presidencial de 2024, donde los republicanos pretenden volver a la Casa Blanca, mientras que los demócratas aspiran a mantener el poder federal.
Sin embargo, la mañana del 8 de julio de 2022, Biden firmó una orden ejecutiva para proteger el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Dicha decisión fue anunciada desde la Casa Blanca donde Biden describió la anulación de Roe vs Wade como una terrible, extrema y totalmente equivocada decisión.
La orden ejecutiva exigía al secretario de salud presentar un informe de evaluación en 30 días, sobre las medidas contempladas para resguardar el derecho al aborto, como lo son: la protección de mujeres que crucen líneas estatales para practicarse el procedimiento, el acceso a anticonceptivos y medidas para resguardar la privacidad e integridad de las pacientes.
La Corte Suprema de Justicia no se quedó allí
El jueves 30 de junio de 2022, la Corte Suprema de Justicia emitió un nuevo fallo que limita la capacidad del gobierno federal para luchar contra el cambio climático; otra discusión que inició luego de que Trump sacara a los Estados Unidos de los compromisos del Acuerdo de Paris, firmado por el entonces presidente Barack Obama en el año 2015.
Decisión que fue revocada por una orden ejecutiva de Joe Biden en enero de 2021 tras su llegada como presidente. Esta decisión comprometió nuevamente a los Estados Unidos con las disposiciones del Acuerdo de Paris, volviendo en gran parte a la política internacional ambiental de Obama.
Sin embargo, los esfuerzos de la casa blanca se ven debilitados por los jueces conservadores de la Corte Suprema de Justicia, quienes pretenden frenar los cambios en favor del medio ambiente y la reducción de las emisiones de Co2, limitando las competencias de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés).
Los seis jueces conservadores de la corte decidieron, en contra de sus 3 compañeros progresistas de la magistratura; revocar las facultades de la Agencia de Protección Ambiental, que le permitían a esta institución regular las emisiones de las centrales de carbón, que producen casi el 20% de la electricidad de los Estados Unidos, mediante normas generales emanadas de la agencia.
Es importante resaltar que, en el año 2007, durante la presidencia de George W. Bush, la Corte Suprema de Justicia dictaminó por estrecha mayoría que la Agencia de Protección Ambiental era competente para regular las emisiones de gases contaminantes, principales causantes del fenómeno de calentamiento global.
“La Corte despojó a la Agencia de Protección Ambiental del poder que le dio el Congreso para abordar el problema más apremiante de nuestro tiempo”, señaló la jueza Elena Kagan en nombre de los jueces progresistas que se opusieron al fallo decidido por los otros seis jueces conservadores.
La Agencia de Protección Ambiental fue creada en el año 1970 durante el gobierno del entonces presidente Richard Nixon, y la misma fue ratificada por el Congreso de los Estados Unidos.
Sin embargo, en el año 1963, siete años antes de la creación de la agencia el Congreso promulgó la Ley del Aire Limpio, y la misma fue ampliada en varias ocasiones entre 1965 y 1990, con el fin de coordinar acciones de protección ambiental tanto a nivel local como estatal. Pero los jueces conservadores siguen mencionando en 2022 que la agencia no tiene jurisdicción para tomar medidas especiales para la protección ambiental.
Distintos voceros del Partido Demócrata, que van desde la congresista Alexandria Ocasio-Cortez hasta el vocero de la casa blanca Abdullah Hasan y el mismo presidente Joe Biden, concordaron en calificar la nueva decisión de la Corte Suprema de Justicia como otra decisión devastadora y catastrófica para los Estados Unidos y el mundo.
La decisión de la Corte Suprema y los organismos internacionales
El pasado mes de noviembre de 2021, la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas por el Cambio Climático, conocida como la COP26, reafirmó la importancia de mantener la temperatura del planeta a un margen máximo de 1.5 (Fight for one point five)
Un compromiso que insta a los Estados a reducir la huella de carbono y equilibrar la temperatura global para frenar el cambio climático.
Sin embargo, con argumentos que solo benefician a la industria del carbón e hidrocarburos, la Corte Suprema de Justicia pretende desvanecer los esfuerzos de millones de seres humanos para salvar el planeta, sabiendo que los Estados Unidos, es el segundo país del mundo con mayores emisiones de Co2, lo cual representa una cifra de 5.416 millones de toneladas de CO2, según cifras recopiladas por Climate Trade en marzo de 2022.
Nota a los lectores
El mundo está despertando y el cambio es ahora, les guste o no. Esas fueron las palabras de la activista sueca Greta Thunberg durante su discurso sobre acción climática en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2019.
El tiempo se acabó para quienes pretenden gobernar y al mismo tiempo negar derechos y discriminar la diversidad. Para quienes niegan a la ciencia y la crisis que enfrenta nuestro planeta y nuestra especie.
El tiempo es de los jóvenes, una generación que cree en la libertad de escoger, de querer y sentir: ¡Salvemos el planeta y defendamos nuestros derechos!
