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El Estado tiene la obligación de tomar medidas necesarias para evitar que se someta a juicios injustos a personas que tienen una lucha legítima en la defensa de los Derechos Humanos y la Democracia. En Nicaragua, sin embargo, es el Estado quien criminaliza la defensa a la libertad.
Durante 2018 la población nicaragüense permitió el estallido social en contra del régimen dictatorial Ortega-Murillo, que quitó la vida de más de 300 personas – entre ellos 45 estudiantes – por alzar la voz en contra de las atrocidades cometidas por el Gobierno.
Entre las medidas represivas instauradas por el Frente Sandinista (partido en Gobierno) se encontraba la instauración de un Estado policial que asesinaba, asediaba y encarcelaba, en coordinación con grupos paramilitares contratados por la dictadura para hostigar a la población. Es así que a finales de 2018 eran más de 800 presos políticos los apresados arbitrariamente en las cárceles de Nicaragua, sin si quiera tener acceso a sus derechos y garantías básicas del proceso.
Muchos de los apresados no tuvieron acceso a visitas hasta semanas después de su encarcelamiento y fueron puestos a la orden de un juez hasta meses más tarde y no 72 horas como dictaminaba la ley. Y es que en Nicaragua no hay Estado de Derecho, los poderes del Estado trabajan perfectamente coordinados, desde el ejecutivo hasta el judicial, el legislativo y electoral.
Es así que desde 2018 se crearon y reformaron un sin número de leyes represivas que no buscaban más que la censura y la criminalización de la protesta, entre las que se encuentran la ley de agentes extranjeros, la ley especial de ciberdelitos y la reforma para instaurar en el país la cadena perpetua, conocidas en Nicaragua como leyes mordaza.
Para 2019 la Asamblea Nacional elaboró una ley de “amnistía” en su farsa de muestra de voluntad política, que permitía la liberación de gran parte de los presos políticos del país, pero también permitía la impunidad de los funcionarios y paramilitares que perpetuaron las violaciones a Derechos Humanos en el país, crímenes de lesa humanidad.
Durante los años posteriores en Nicaragua no se vivió una libertad plena: se mantuvo el asedio permanente, con encarcelamientos como los estudiantes John Cerna y Kevin Solis; asimismo, se vieron forzadas a migrar miles de personas por la crisis sociopolítica del país. En 2021, sin embargo, hubo un repunte en la represión ejercida por el régimen dictatorial, allanando y apresando a dirigentes de la oposición, líderes estudiantiles, defensores y defensoras de derechos humanos.
Con fecha de febrero de 2022 hay más de 167 personas apresadas injustamente sin esperanza alguna de liberación, pues aunque en enero del corriente año los familiares de las personas presas políticas expresaron su interés de entablar conversaciones con el gobierno, la respuesta fue reactivar los juicios políticos de líderes de la oposición, condenando injustamente a los jóvenes Muammar Vado, Yader Parajón y Lesther Aleman, así como de Ana Margarita Vijil, la ex guerrillera Dora María Tellez, Tamara Dávila, entre otras personalidades como periodistas y precandidatos a la oposición.
A propósito de lo anterior y de previo a las elecciones, el régimen encarceló a todos los precandidatos y precandidatas que representaban un peligro para la continuidad de la dictadura, entre ellos Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y el académico Arturo Cruz. Pero también abogados como Roger Reyes y Maria Oviedo, quien había desempeñado un rol fundamental en la defensa de los Derechos Humanos de las personas presas políticas.
Todo lo anterior demuestra el mal uso del Derecho Penal por parte de actores estatales en Nicaragua con el objeto de criminalizar la labor de defensoras y defensores de derechos humanos, quienes están sujetos a procesos penales sin fundamento, con la intención de paralizar o deslegitimar las causas que persiguen.
La situación en las cárceles es crítica, pues no prestan las condiciones básicas para el mantenimiento de las personas apresadas: no hay condiciones higiénicas ni alimentarias; las y los presos son aislados y sometidos a interrogatorios y torturas, sin acceso si quiera a una atención médica adecuada, paqueterías y medicinas y, en casos como el del ex guerrillero Hugo Torres o la dirigente de la oposición Violeta Granera, pueden representar una cuestión de vida o muerte, en razón de su avanzada edad y su delicado estado de salud.
El Estado de Nicaragua tiene la obligación nacional e internacional de crear una nueva legislación, la modificación de la legislación en vigor, la adopción de medidas administrativas y el cese al hostigamiento y la represión.
Es de vital importancia que no solamente funcionarios públicos y entidades públicas reconozcan la ardua labor en la defensa de los Derechos Humanos, sino que todos los sectores de la sociedad, contribuyan a legitimar dicha labor y presionar para erradicar los riesgos de ataques por parte del Estado, reconociendo que su papel en la sociedad es fundamental para la garantía y salvaguarda de la democracia y del Estado de derecho.
