junio 25, 2024

Una cruel no solución

El pasado 10 de febrero el mundo fue testigo de la deportación del territorio chileno de 138 personas, la mayoría de nacionalidad venezolana, que se encontraban varadas en la frontera norte con Bolivia. Sobre esta medida, Rodrigo Delgado, ministro del Interior de Chile, manifestó: “Estamos notificando a las personas que tienen intención de llegar a Chile por pasos no habilitados y de forma clandestina, que se arriesgan a un proceso de expulsión”.

Efectivamente las personas deportadas fueron devueltas a su país de origen, lo cual es muy grave para el caso venezolano, pues la mayoría de estos hombres y mujeres están, justamente, huyendo de la terrible crisis humanitaria que se vive actualmente en su país.

Con esta política, el gobierno chileno viola tratados internacionales de protección de refugiados y, a pesar de ser duramente criticado, mantiene la promesa de continuar con las mismas medidas.

Por supuesto, Chile no es el único país de la región que empieza a apostar de forma enfática a la militarización de sus fronteras: ya hay antecedentes con Ecuador y Perú; un escenario que se agrava y que se ha intentado justificar apoyados en la pandemia.

Para Filippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, “asegurar la salud pública y proteger a las personas refugiadas no son mutuamente excluyentes”.

“Esto no representa un dilema. Tenemos que lograr ambas. La legislación sobre refugiados reconocida desde hace mucho tiempo puede respetarse incluso cuando los gobiernos adoptan medidas estrictas para proteger la salud pública, incluso en las fronteras”, explicó.

Pero como señaló Felipe González, relator de la ONU, aunque inicialmente varios países de Suramérica fueron receptivos y abiertos a la migración venezolana, después “comenzaron a adoptarse medidas cada vez más restrictivas para su ingreso”.

Por eso no resulta difícil prever que, mientras el éxodo venezolano continúe, la política de la militarización en las fronteras se mantendrá e incluso puede que se radicalice aún más, a pesar de que la emergencia sanitaria sea finalmente contralada.

No es difícil entender el móvil de esta política: los países en vías de desarrollo temen no poder absorber dicha cantidad de migrantes y que colapsen sus sistemas, de los cuales ya de por sí muchos de ellos están deficientes. Sin embargo, la militarización de las fronteras apunta hacia una dirección que no resuelve el trasfondo de la situación.

Grupos ilegales y rutas peligrosas

La militarización como política migratoria no es novedosa y es poco efectiva: no cumple con su objetivo de detener la migración y por el contrario alimenta a las mafias fronterizas de los países que la aplican: estos grupos ilegales cobran el paso por sus zonas de influencia y en el peor de los casos actúan como red de tráfico de personas, en especial de mujeres y niñas.

Europa también ha aplicado una dosis de militarización de fronteras frente a su propia crisis de refugiados. El año 2015 fue muy significativo debido a la gran cantidad de personas que intentaban ingresar a los países del continente huyendo de los conflictos armados de sus determinadas naciones, la mayoría de ellas provenientes del Medio Oriente y de África Subsahariana.

Por ejemplo, una de las acciones que se tomó fue el cierre de frontera de la ruta hacia Europa por el occidente de Balcanes y utilizar a Turquía como “muro de contención”.

Esto ciertamente disminuyó el número de personas que ingresaban por Grecia pero, en todo caso, no detuvo el flujo de migrantes y refugiados y por contraparte fomentó el uso de medios aún más irregulares y la toma de otras rutas sumamente peligrosas para intentar ingresar a territorio europeo.

La historia nos demuestra que las políticas migratorias restrictivas no están ni remotamente cerca de ser una solución definitiva a la crisis migratoria y de refugiados. Por el contrario, en la mayoría de los casos, solo conllevan a que las víctimas sean sometidas a un círculo de violencia que parece interminable para ellas: abusos que muchas veces son perpetrados tanto por funcionarios del Estado, que no están capacitados para asistir a personas en extrema vulnerabilidad, como también por grupos al margen de la ley que se aprovechan del desespero y de las ilusiones de las personas que salen en la búsqueda de un futuro mejor.

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Natasha Blasco

Politóloga y Abogada egresada de la Universidad de Carabobo

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